CÓRDOBA: MÁS DE 50 FAMILIAS CAMPESINAS DENUNCIAN INMINENTE REMATE DE SUS TIERRAS

Por Pablo Caccia

Los habitantes del Paraje La Libertad revelaron que el magistrado del Juzgado Civil y Comercial Nº 52 de la ciudad de Córdoba, Sergio Ruiz, fijó en diciembre la fecha para rematar unas 10 mil hectáreas. También evidenciaron irregularidades en el procedimiento judicial. El Movimiento Campesino (MCC) local realizará diversas actividades para repudiar la medida y alertar a los vecinos

En 2013, el magistrado canceló el remate de los terrenos para realizar la constatación de su ocupación, medida solicitada por las propias comunidades que habitan el lugar, y que se realizó en septiembre.

 

Según el testimonio de los campesinos, el acta señaló la presencia de más de 50 familias en las viviendas pero luego de las inspecciones se afirmó que “la ausencia de artículos de limpieza e higiene en el baño y la falta de electrodomésticos, como televisión” evidenciaba que las casas no estaban habitadas, desconociendo que los servicios públicos en el Paraje La Libertad, que está ubicado en los departamentos cordobeses de Cruz del Eje e Ischilín, son escasos.
Al respecto, los voceros del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) añadieron que el juez también ignoró las instalaciones productivas y los animales de cría, por lo que denunciaron que la orden de remate dictada para el 5 de diciembre por el juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 52 de la ciudad de Córdoba, Sergio Ruiz, no cumple los mínimos requisitos jurídicos para hacerse efectiva.
Según infieren los damnificados, la fijación de la fecha de remate tiene como único objetivo anticiparse a la feria judicial que llevaría un eventual remate al año próximo.

Los campos

La financiera Feigin Hermanos se adjudica los terrenos como propios aunque los voceros del MCC informaron que la empresa solo puede exhibir boletos de compraventa como supuestas pruebas de algún derecho sobre las tierras pero ningún documento que acredite que fueron compradas a propietarios legales.
Feigin Hermanos quebró a mediados de la década del 90 y sus acreedores, entre los que se encuentra el propio Estado provincial, reclaman el remate de sus pretendidos bienes para el resarcimiento de las deudas.
En los próximos días, el MCC realizará acciones para alertar a la opinión pública y a eventuales compradores sobre las irregularidades del proceso y el inminente conflicto social que implicaría la concreción de esta medida.

Fuente: Ansol

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