Contra el machismo judicial

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ENCUENTRO DE MUJERES JUEZAS PARA DEBATIR SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO

Alrededor de 200 juezas están reunidas en Santiago del Estero para reflexionar sobre las respuestas que provee el Poder Judicial a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Carmen Argibay pidió enseñar “valores antidiscriminatorios” a los chicos.

Por Mariana Carbajal
Desde Santiago del Estero


Unas doscientas magistradas y operadoras de la Justicia de todas las provincias –y algunos pocos jueces– se reunieron en esta ciudad para analizar el grave problema de la violencia de género y el femicidio en el país y reflexionar sobre las respuestas que se están dando desde el Poder Judicial, en el marco del XIX Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). Ayer, en la apertura y a través de una videoconferencia, la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay consideró que la clave para la prevención está en enseñar “valores antidiscriminatorios” a los niños y niñas, ya que la violencia machista –señaló– se produce hacia sujetos a los que se considera inferiores. La Justicia, dijo Argibay, trabaja en las cuestiones de violencia con hechos consumados, pero hay que atacar las causas con la educación. Durante la primera jornada hubo varios paneles. Las expositoras –varias de ellas integrantes de cortes provinciales– pusieron de relieve las resistencias del fuero penal para tomar con seriedad las denuncias de las víctimas de violencia doméstica y coincidieron en la necesidad de capacitar a jueces y fiscales en esa problemática para que aprendan cómo deben actuar para proteger a las mujeres en riesgo.

“La violencia doméstica es un asunto público. No puede permanecer en el ámbito privado”, subrayó Analía Monferrer, coordinadora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el panel que abordó la experiencia nacional en torno de la problemática de la violencia de género. El encuentro, que se lleva adelante en el Centro de Convenciones, finaliza mañana. La provincia anfitriona, vaya paradoja, no tiene ninguna mujer magistrada en su máximo tribunal.

“Nuestra responsabilidad como Poder Judicial es evitar la violencia institucional y la desconsideración” hacia las víctimas, dijo la jueza María Angélica Gastaldi, presidenta de la Corte Suprema de Santa Fe y primera mujer en formar parte de ese alto tribunal. Gastaldi exhortó a romper con el machismo y la burocracia en los tribunales. Y reconoció que históricamente en ese ámbito se discriminó a las mujeres de sectores más vulnerables que denunciaban maltrato. “Las más desvalorizadas en el Poder Judicial eran las mujeres pobres. Les decían: ‘Andá, que te vas a arreglar, te da unos bollos y listo’.” Pero destacó que esta mirada está empezando a cambiar: en Santa Fe, precisó, 120 jueces participaron ya en los talleres de capacitación en perspectiva de género, que promueve la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, que encabeza Argibay.

A su turno, la ministra de la Corte tucumana Claudia Sbdar, también primera mujer en ese alto tribunal y por ahora la única, sostuvo que “estamos en un momento de mayor visualización de la violencia de género, y se va tomando mayor conciencia sobre la vulnerabilidad por su situación de desigualdad que tienen las mujeres como colectivo en la sociedad”. “El reto es que se dicten políticas públicas escuchando a las víctimas”, opinó. “Es fundamental la acción de los tres poderes del Estado”, agregó.

Una de las conferencistas más lúcidas de la mesa fue María Esther Caffure, ministra de la Corte cordobesa, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y gran impulsora de iniciativas para facilitar la atención de víctimas de violencia de género en los tribunales de esa provincia. Caffure puntualizó que entre 2006 y 2010 en Córdoba aumentaron un 61 por ciento las denuncias por esa causa: de 13.822 se pasó a 22.297 en apenas cuatro años. La jueza reconoció que ella antes no era partidaria de la sanción penal en los casos de violencia familiar, hasta que entendió que se trata de “una violación de los derechos humanos”, y frente a esa situación el Estado argentino –remarcó– tiene la responsabilidad de “sancionar y erradicar esta violencia hacia las mujeres”. “Este mensaje se bajó permanentemente a los operadores del Poder Judicial en la provincia. Pero ¿qué pasaba? No había capacitación en derechos humanos. Y no se trata de aprender algo nuevo, sino de desaprender algo viejo, que es más difícil”, reconoció.

Entre 2011 y 2012 en Córdoba, precisó, se hicieron talleres para una Justicia con perspectiva de género al que concurrieron 668 operadores de la Justicia en forma voluntaria. Ahora, informó, están analizando 336 sentencias y resoluciones para evaluar si se están aplicando las enseñanzas. Caffure dejó claros tres conceptos que suelen generar polémica en el ámbito judicial: no se deben hacer mediaciones en casos de violencia doméstica “porque la mediación es un acuerdo entre personas libres y una persona maltratada no es libre”; ni dar lugar a la probation o suspensión de juicio a prueba “porque la víctima no tiene libre voluntad para hablar en esa situación”. Y, en tercer lugar, indicó que los jueces deben considerar como un delito y poner en marcha la acción penal cuando un hombre violento no cumple con las restricciones de acercamiento a la mujer que se le imponen. “Esa orden de desobediencia no es cualquier orden. Lleva implícita la capacidad de hacer cesar un delito”, enfatizó.

En diálogo con Página/12, la presidenta de AMJA, la jueza de la Corte entrerriana Susana Medina, explicó que este año el tema del congreso nacional de la entidad está abocado a la problemática de la violencia de género y el femicidio por el alto impacto que está teniendo en el país. “Cada tres días, dos mujeres son asesinadas por ser mujeres, en la mayoría de los casos por su pareja o ex pareja. Vemos la necesidad de capacitar a los magistrados porque el Poder Judicial es patriarcal, y concientizar a la ciudadanía. Pero además necesitamos estadísticas oficiales, mayores presupuestos para políticas públicas, casas refugios para las víctimas y una asignación, porque muchas mujeres no pueden separarse de sus golpeadores y no tienen cómo sostenerse económicamente, entre otras medidas”, enumeró.

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