BACHELET: REFORMAS “EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE” DEL ORDEN NEOLIBERAL

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Por Francisco Parra y Javier Pineda
El Gobierno ha decidido cerrar sus puertas y oídos a las organizaciones provenientes del mundo social que critican al sistema neoliberal en Chile. En cambio, ha decidido mantener sus puertas abiertas al mundo empresarial, que por cierto los financian campaña a campaña, y a los cuales vienen defendiendo desde el término de la dictadura cívico-militar.
Este 11 de julio se conmemoraron 44 años desde la nacionalización de la Gran Industria del cobre. Los trabajadores y trabajadoras rememoran dicho significativo acto político que pasó a ser el “sueldo de Chile” por varios años. Sin embargo, la situación hoy es distinta. Si antes hablábamos del sueldo de Chile, ahora debemos hablar del sueldo de Luksic (familia más rica de Chile y 14 a nivel mundial según Forbes) y de grandes transnacionales como Angloamerican, Glencore Xstrata y Mitsubishi, entre otras.
En los años 90, a finales de la dictadura cívico-militar, la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) producía el 90% del cobre en Chile. Durante los gobiernos de la Concertación y de Piñera, dicha producción se redujo, para llegar hoy en día a menos del 30%, siendo el resto producido por empresas privadas.
Y la conmemoración de este 11 de julio resulta paradójica. En el último Consejo de Gabinete del Gobierno de Michelle Bachelet se anunciaba que las reformas deberían ser “graduales”. La propia presidenta declaró que la administración estatal no está preparada para procesar reformas estructurales, mientras que desde la vicepresidencia (Ministro del Interior, en Chile), se llamaba al “realismo político”. Frases que parecen un deja vu del ex Presidente Patricio Aylwin, sucesor de Pinochet, quien hablaba de “reformas en la medida de lo posible”, la cuales tuvieron más aspecto de profundización del sistema neoliberal que de reformas.
Uno de los argumentos relevantes para hacer este llamado al “realismo” y gradualidad de las reformas es la disminución de las proyecciones de crecimiento de la economía chilena de un 3,6% a un 2,4%; además, de la insuficiencia de recaudación de la reforma tributaria realizada por el gobierno el año pasado. Ante esta supuesta falta de recursos, al Gobierno “progresista” de Michelle Bachelet en ningún momento se les pasó hablar de renacionalizar el cobre o los demás recursos naturales hoy en manos de privados, o de fomentar la actividad empresarial del Estado, o de realizar una reforma tributaria decente que realmente cobre impuestos a los ricos y a los que tienen mayor capacidad contributiva. La prioridad era dar certidumbre al mercado financiero y a las empresas, para que así aumente las tasas de inversión y de empleabilidad en el país, bajo la ultrareconocida fórmula neoliberal, que por cierto ha fracasado rotundamente.
Más allá del análisis económico respecto a la insuficiencia de recursos, hay una cuestión clara: el Estado subsidiario neoliberal no es capaz de garantizar los derechos sociales mediante el suministro de recursos a entes privados y estatales por igual. El fortalecimiento del Estado y de sus instituciones nunca fue una prioridad para este Gobierno, por lo cual intentan garantizar derechos sociales mediante el voucher, lo cual se transforma en un pozo sin fondo y en una transferencia directa a los negocios de los privados (ejemplos emblemáticos de esto, es el AUGE en materia de salud, los subsidios a colegios particulares y el Crédito con Aval del Estado).
La apuesta del Partido Comunista y de los demás sectores progresistas de la Nueva Mayoría por un “gobierno de nuevo tipo” fracasó y esto quedó claro en la insuficiencia de las “reformas” realizadas. Hicieron una reforma tributaria que no recaudaba más dinero, que no alteraba la estructura de desigualdad y que se “cocinó” en la casa de un miembro de la Cámara de Producción y Comercio (cómo olvidar a Jorge Awad, presidente de la Asociación de Bancos, declararse el “padre de la guagua”); una reforma a la educación secundaria que profundizó el sistema de vouchers y que no fortaleció a la educación pública; una reforma a la carrera docente que fortalece el sistema de competencia y no la formación y condiciones laborales de las y los profesores; una reforma laboral que consolida el Plan Laboral de la dictadura profundizando las políticas de flexibilización laboral mediante los pactos de adaptabilidad, que no consagra el derecho a huelga, pues establece “servicios mínimos” y que prohíbe la negociación por rama. Y a pesar de esto, el partido político de Bachelet (Partido Socialista) asume como deber en su último Comité Político celebrado a finales de junio, “moderar” las reformas. Suma y sigue.
La entrada de Jorge Burgos al ministerio del Interior fue interpretado como una vuelta a la “vieja guardia” de la Concertación. Pero lo cierto es que esta nunca se fue. Lo que estamos presenciando es un sinceramiento en el discurso político, pues ni en su programa ni en las medidas adoptadas por el Gobierno se cuestionó al actual modelo neoliberal. Presenciamos es un regreso al discurso de la Concertación de hacer las cosas “en la medida de lo posible”, pero seamos claros: más allá del discurso, la Nueva Mayoría nunca fue algo distinto a la otrora Concertación. El cambio de generación nunca fue más que eso, un cambio de edad y de rostros, pues aún cuando Rodrigo Peñailillo (ex Ministro del Interior, quien se vio obligado a renunciar por emitir boletas ideológicamente falsas a SQM, compañía de ex yerno de Pinochet para financiar ilegalmente la campaña de Bachelet) y otros funcionarios públicos del Gobierno, que efectivamente eran más jóvenes y correspondían a una generación distinta a la de los líderes históricos de la Concertación, venían con las mismas prácticas de antaño. Nuevas caras, pero las mismas boletas.
Ante este escenario político, distintas organizaciones se han rebelado contra el Gobierno y sus organizaciones oficialistas (como la Central Única de Trabajadores). Dentro del movimiento social, el Colegio de Profesores y sus integrantes de base han establecido una férrea oposición al proyecto de carrera docente; los estudiantes universitarios se mantienen movilizados a nivel nacional para que la reforma de gratuidad en la educación superior sea en los términos planteados por el Movimiento Estudiantil, y que no se traduzca en una simple profundización del estado subsidiario y la entrega de vouchers al estudiante, como pretende el Gobierno; y a nivel laboral, el 4×4 que agrupa a trabajadores de la construcción, forestales, mineros y portuarios, más el Comité por la Iniciativa de Unidad Sindical (CIUS) han planteado un rechazo a la reforma laboral del gobierno, la cual solo viene a perfeccionar el régimen laboral instaurado por la dictadura.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido cerrar sus puertas y oídos a las organizaciones provenientes del mundo social que critican al sistema neoliberal en Chile. En cambio, ha decidido mantener sus puertas abiertas al mundo empresarial, que por cierto los financian campaña a campaña, y a los cuales vienen defendiendo desde el término de la dictadura cívico-militar.
La retroexcavadora del neoliberalismo que anunciaban grandilocuentemente a principios del Gobierno, terminó siendo un preciso cincel que ha ido perfeccionando el modelo neoliberal en nuestro país.

Fuente: Marcha

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