ASEGURATE LA SEGURIDAD

En las últimas semanas se echó sobrada leña al tema de la “seguridad”, de manera indiscriminada que, como siempre, confunde lo que pasa. La mayor presencia de la fuerza pública y el incremento de las penas no solucionan nada, sin embargo hay otro tipo de seguridad que se necesita y no es parte de la agenda: estar a salvo de la represión institucional.

Este año comenzó, lamentablemente, bastante tenso en la capital porteña: la represión a lxs compañerxs de la Sala Alberdi, que desde el 2010 se autogestionaban. y el afán privatizador de Macri encontró resistencia en festivales culturales y jóvenes Clowns, que recibieron balas de goma, gases, golpiza y 2 balas de plomo. Nadie enjuició a la Metropolitana por eso. Meses posteriores, nuevamente se desalojo para privatizar, irrumpió la fuerza porteña en el hospital Borda, sin discernir entre internos, profesionales y periodistas, repartieron a diestra y siniestra. Aún no hay un responsable.
La semana pasada, después de 22 años del hecho, comenzó el juicio por la muerte a manos de la policía de Walter Bulacio, cuando tenía 17 años. Golpeado en la misma comisaría y demorada la ayuda médica, hicieron una semana de agonía y más de dos décadas para buscar a un responsable. Miles son los Arruga y los “Kiki” Lescano que día a día firman su condena al negarse a robar para la policía o no querer pagar su “protección” en el barrio.
No siempre el uniforme avanza impunemente sobre la sociedad, a veces lo hacen civiles, por mandato de la fuerza pública. Caso exponente de esto fue el asesinato de Mariano Ferreyra; mandan a la patota sindical y la policía libera la zona. Este año el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, luego de reprimir reiteradas veces a quienes defienden Famatina de la mega-minería, mandó una patota civil para que no opaquen sus actos públicos. Recientemente la UOCRA mandó a su patota a liberar el ingreso de la planta de Monsanto en Malvinas Argentina (Córdoba), que estuvo casi dos semanas bloqueada. La policía liberó la zona para que no salgan en la foto golpeando y luego fueron a asegurar las entradas. El saldo: 2 compañeras detenidas, una internada y recursos de habeas corpus preventivos rechazados.
Responsabilizar al Gobierno Nacional de los hechos es lógico, pero no siempre unidireccional. Los cambios que se habrían propuesto desde el Ministerio de Seguridad, con Nilda Garré a la cabeza, no siempre llegaron a buen puerto. Por más que los proyectos de reformar la parte educativa, con el apoyo del CELS, estaban bien intencionados, el mismo Ministerio, con Berni secundando la institución, se resistía a ello. Luego de que se conoció la infiltración a la Agencia Walsh (bajo el Proyecto X), ésta fue desplazada del cargo y la sucedió Purricelli, un hombre afín a Berni a la hora de impartir Seguridad.
En el ámbito carcelario, a penas asumido Marambio en Ezeiza, Matías Cejas fue hallado muerto en su celda, a las tres semanas lo mismo ocurrió con Mario Ortiz. Entre ambas muertes la Procuradora General de La Nación, Gils Carbó, dictaminó que era necesario crear un organismo que regule la violencia institucional. Por más que haya decisión política de intervenir en estos ámbitos, es sabido que la policía (Federal, Bonaerense y Metropolitana) tiene una lógica interna, que excede al gobierno de turno. Esto no quiere decir que no puedan investigarlos y enjuiciarlos.
Hace una semana los vecinos del barrio Zavaleta en asamblea aprobaron el “Control popular sin gorra”, debido a la complicidad de Prefectura y Gendarmería para liberar zonas del barrio, intimidar a los vecinos y hacer abuso de la fuerza pública. Este es el correlato del asesinato de Kevin Molina, un pibe de 9 años que recibió un balazo en su propia casa. El local de La Poderosa fue allanado sin orden y sin que se identifiquen los gendarmes, revisándoles toda la documentación; por esto y otras tantas cosas los vecinos ahora tienen un local donde pueden denunciar los abusos del poder. Pensamos que las aguas se calmarían, sin embargo pasaron 5 días para que la Gendarmería dispare dos armas frente al local y la Plaza Kevin. A penas se los quiso filmar y fotografiar huyeron, dejando liberada la zona que debían custodiar.
Lugar común para las campañas electorales. Miedo, seguridad, castigo, crimen y cámaras de seguridad se repiten día a día en los medios de comunicación. Ni una solución, sólo endurecer penas, mayor presencia policial y mayor control social, teniendo como contracara la infiltración, el abuso de la fuerza pública, la estigmatización de la pobreza y cuidar siempre a los mismos. Denunciar la violencia institucional en sus propias ventanillas y pensar que llegará a buen destino, es una ilusión.
El Estado se nos presenta como el garante de nuestros derechos y en una apariencia neutral, lo que parecería ser imparcial ante cualquier conflicto pero no funciona así. Asegura y protege los privilegios y la propiedad de las clases dominante (de este sistema, que es capitalista), pero también salvaguarda sus intereses como Institución. Que el Ministerio de Seguridad reciba y comience a hacer algo con las denuncias del Proyecto X, sería un suicidio, tanto como si la Policía sancionara las mismas torturas que realiza puertas adentro.
La muerte de Kevin se dio a conocer tres días después y por un conflicto entre narcos del barrio, no por la omisión de la fuerza pública. Cuando en Córdoba se reprime, desde Nación no opinan y De la Sota los denuncia de kirchneristas en época electoral. Mientras en los barrios se pierden las balas, en organizaciones hayan infiltrados o manifestantes reciban palos uniformados y civiles  nos queda, obligatoriamente,  seguir construyendo una comunicación popular alternativa que denuncie y construya nuestra forma de entender la realidad.
Fuente: Alegre Rebeldía

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