ARRITMIA SOCIAL

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Por Mario Hernandez
Cerca de un 43 % de los niños y adolescentes que concurren habitualmente a los comedores y merenderos abiertos por la organización social Barrios de Pie en diferentes partidos del Gran Buenos Aires, presentó síntomas claros de malnutrición.
En barrios como La Esperanza de Virrey del Pino, en el último cordón poblado de La Matanza, ha crecido cerca del 50 % los pedidos de asistencia hacia los comedores y merenderos comunitarios.
En las barriadas populares el crecimiento de la pobreza está tomando características enormes y gravísimas entre los trabajadores, producto de la inflación imparable, los tarifazos, los despidos y la falta de trabajo eventual o changas. Cada vez son más las familias que recurren a los centros de abastecimiento popular y comedores. Las organizaciones sociales que luchan contra la desocupación, por trabajo genuino y contra el hambre, advirtieron que la situación está llegando a un límite y el viernes marcharon al Ministerio de Trabajo por:
Basta de despidos y suspensiones
Anulación de los tarifazos
Trabajo genuino
Acceso universal a los programas sociales
Aumento en los programas de gobierno acorde a la inflación (40 %)
Paro nacional y plan de lucha contra el ajuste

Tarifazo
La Justicia Federal dictó una medida cautelar contra el tarifazo en los servicios, a favor de seis clubes de San Martín: Social y Deportivo Las Heras, Deportivo San Andrés, Tres de Febrero, Ferrocarril Mitre, Deportivo, Social y Cultural, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester y Sportivo Villa Ballester.
La cautelar tiene como fundamento “la falta de Audiencia Pública, y el incremento desmedido y desproporcionado dispuestos en los cuadros tarifarios”.
El martes, representantes de 6.000 clubes de barrio del país marcharon a Plaza de Mayo, criticando el anuncio del presidente Macri de un 40% de descuento como “un acto demagógico para tratar de frenar el rechazo general que provoca esta dura realidad a la que nos han llevado por estas medidas económicas que solo benefician a los que más tienen”, afirmaron mediante un comunicado.
Margarita Barrientos, titular del comedor Los Piletones, contó en el programa de Mirtha Legrand, que les vino una boleta de luz de $ 11.000. La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, presentó un recurso de amparo para proteger de los aumentos en las tarifas de luz y gas a las instituciones sociales y al sector industrial.
El jueves, cientos de trabajadores de cooperativas partieron desde la sede de la Federación que los agrupa, ubicada en la avenida Paseo Colón y Chile, rumbo a la cartera de Energía, en Plaza de Mayo. El reclamo se focalizó en la necesidad de que el Ejecutivo les otorgue a cooperativas y empresas recuperadas una tarifa diferencial del servicio eléctrico para “evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo”, afirmó uno de los voceros de las diferentes organizaciones.

Caída de la actividad
El empleo en los supermercados acumula en un año una reducción del 3%. Son 2.975 puestos de trabajo menos que en febrero de 2015, según un informe del INDEC.
Según CAME las ventas cayeron en los comercios minoristas un 9,2 % en mayo frente a igual mes del año pasado. Es el quinto mes consecutivo en que las ventas se retraen, empujadas por la pérdida del poder adquisitivo de las familias.
Según los datos revelados en Rosario por la asociación civil Concejalía Popular, en el centro de la ciudad hay 604 locales cerrados; en el macrocentro 447; en los centros comerciales como Ayacucho y Echesortu unos 270; y en los corredores como bulevar Oroño y avenida Pellegrini, 221. La suma de los comercios que tienen sus persianas bajas es de 1.542.
Para el INDEC, la industria y la construcción se contrajeron 6,7 % y 24,1 %, respectivamente en abril.
En el Día del Trabajador/a del Tabaco, mediante una solicitada el Secretario General, Raúl Quiñones, manifestó su preocupación por la suba de impuestos que alcanzan el 80% de lo que paga el consumidor, porque “atenta contra todo el sector y amenaza los empleos”. También criticó la decisión del gobierno de aumentar el precio de los cigarrillos cerca de 50%, abriendo las puertas al contrabando, haciendo caer la producción en más de un 30 % y poniendo en peligro las fuentes de ingresos de cerca de 250.000 personas empleadas en el sector.
Desde el Smata Rosario advirtieron que por la delicada situación en la fábrica de tractores Agrinar, ubicada en la localidad de Granadero Baigorria, donde peligran 100 puestos de trabajo. En estos momentos hay personal suspendido sin goce de sueldo por los próximos tres meses. Además, Antonio Milici, Secretario Adjunto del gremio, señaló que no es la única fábrica en situación crítica, porque en estos momentos hay despidos en todo el cordón industrial, desde San Nicolás a Puerto General San Martín.
El pasado jueves, el Ministerio de Trabajo decretó el final de la conciliación obligatoria en el diario La Mañana de Córdoba, la cual mantenía en suspenso los despidos, el cierre y cualquier otra medida que tomase la patronal.
Ante esto, presentó un nuevo domicilio legal para la empresa Medios del Interior S.A., cerrando de este modo la redacción de calle Maipú 51 y dejando 61 familias en la calle. Lugar donde se les impedía la entrada a los trabajadores del diario desde el 26 de mayo.
Leandro Círico, periodista y delegado obrero comentó el proyecto de los trabajadores de reabrir el matutino a través de una cooperativa y denunció la intención de los empresarios de querer negociar las indemnizaciones que les corresponden por ley por la entrega de la marca y el dominio web: “Un grupo mayoritario de trabajadores querríamos seguir con una cooperativa. Queremos seguir con el mismo nombre y sitio web, pero como si ya no hubieran hecho bastante, también nos están extorsionando para negociarlos a cambio de la deuda que tienen en salario e indemnización”.
El grupo textil TN Platex de La Rioja dispuso prorrogar por otros 30 días la suspensión de más de 400 operarios quienes están cobrando el 70 % de sus salarios.
Unos 1.000 trabajadores de la industria textil fueron despedidos en el país en los últimos tres meses como consecuencia de la apertura de las importaciones y la caída de las ventas.
Unos 450 cesanteados entre marzo y mayo de este año pertenecen al personal afiliado a la Asociación Obrera Textil (AOT), 250 al Sindicato de Empleados Textiles (Setia) y el resto a la Unión Cortadores de la Indumentaria y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido (Soiva). Los trabajadores de la planta de Industrias RB pidieron a la justicia comercial la restitución de la empresa, cuyos trabajadores constituidos en cooperativa, fueron desalojados el miércoles por fuerzas de Infantería y de la Policía Bonaerense, en un operativo ordenado por el juez Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías 2 de San Isidro.
Así lo informó el titular del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Eduardo Murúa, al señalar que la presentación fue efectuada ante la magistrada que lleva la causa, Paula Hualde, por cuanto “la Cámara Nacional de Comercio todavía no se expidió sobre la causa”.
Tras la quiebra de la empresa metalúrgica en 2001, se transformó en una cooperativa de trabajadores, que actualmente suman 28. No obstante, el año pasado, una resolución judicial declaró “abstracta” la expropiación que había sido dispuesta por la Legislatura provincial y, desde ese entonces, los trabajadores resisten las amenazas de desalojo.
El empresario Martínez Rojas, quien se atribuye la propiedad de Radio América, ingresó el sábado a la planta en la que opera la antena de la emisora, en Villa Soldati, y cortó la transmisión, informó una delegada de los trabajadores que mantienen una programación de emergencia, en el marco de un conflicto sindical por salarios adeudados y despidos.
Para defender sus puestos de trabajo, el 7 de marzo unos 120 trabajadores comprendidos en los gremios SiPreBA, AATRAC y SAL se hicieron cargo de la transmisión a través de AM 1190 y de la página web http://1190america.com/.
La iniciativa se impuso ante el abandono empresarial de la histórica emisora, que cesó en el pago de salarios, alquiler de instalaciones, luz, agua y servicios como internet y teléfono.
Los trabajadores formalizaron una denuncia por “intrusión, daño y corte de transmisión” en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10, del juez Julián Ercolini.
“Reclamamos que nos atienda Dietrich”. Eso plantearon los trabajadores de Ecotrans que el martes por la mañana estuvieron cortando la Autopista del Oeste. Exigían una reunión con el Ministro de Transporte en relación a la situación que se está viviendo en la empresa, donde su dueño, Cirigliano, está llevando adelante un desguace y vaciamiento lo que perjudicaría a los trabajadores y a los miles de usuarios del servicio, en su enorme mayoría trabajadores de zona oeste. “Hasta que no nos atienda Dietrich no levantaremos la medida ni la concentración”. Con este planteo fue que se mantuvieron firmes en el corte, hasta que, negociaciones mediante, pudieron sacar una reunión con el Ministro para el martes a la tarde.

Crece la conflictividad social en Jujuy
Familiares de los trabajadores de Ingenio La Esperanza y vecinos de esa localidad y de San Pedro realizaron el lunes una multitudinaria marcha, exigiendo al Gobierno provincial que se resguarde esa fuente laboral.
A pesar de los lazos estrechos del gobernador Gerardo Morales con el presidente Mauricio Macri y la llegada de 1.260 millones de pesos del gobierno nacional, se multiplicaron las movilizaciones y reclamos por despidos en el Estado provincial y en grandes empresas que amenazan con cerrar sus puertas o suspensiones. A esto se sumó la pérdida de 5.000 puestos de trabajo en las cooperativas de vivienda de la Tupac Amaru y otros 5.000 de otras organizaciones sociales.
En la mina Pirquitas puede aumentar el número de despidos en los próximos meses. Su cierre fue anunciado por el gobernador y sus funcionarios en marzo pasado. En septiembre, según los plazos de la firma canadiense Silver Standard, unos 200 obreros quedarían sin trabajo y el año que viene serían otros 600, cuando finalice el procesamiento del material extraído.
Tras el desguace de Altos Hornos Zapla, la empresa privada es gestionada por Sergio Taselli quien amenaza con suspensiones y despidos tras el final de la conciliación obligatoria.
“Días atrás despidieron 7 compañeros. Fueron reintegrados y luego nos suspenden 45. La empresa aduce crisis económica y financiera y quiere iniciar suspensiones sobre los 400 trabajadores”, indicó Víctor Aguirre, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Aceros Zapla. “Sostienen que hasta que no lleguen los Repro continuarán suspendiendo. Taselli está acostumbrado a vivir de los subsidios”, finalizó.
Además, en estos 6 meses Gerardo Morales inició una verdadera caza de brujas de las protestas sociales: encarceló a Milagro Sala de la Tupac Amaru por protestar, le da su apoyo al empresario vaciador Taselli que persigue y despide obreros de Aceros Zapla y en el Ingenio La Esperanza, impulsa una ley que prevé el despido de 800 trabajadores, para entregar la fábrica en quiebra y hacer un negocio fabuloso con sus 70.000 hectáreas. Mientras, con Macri celebra actos con la patronal genocida de los Blaquier del Ingenio Ledesma.

Y continúa en el Sur
En la provincia de Tierra del Fuego, el conflicto con los gremios estatales, desatado por la vigencia de una reforma jubilatoria, cumplió el miércoles 100 días consecutivos de paro por tiempo indeterminado.
Los sindicatos estatales nucleados en la denominada “Unión de gremios” consideran a la reforma como “parte de una política de ajuste y de recorte de derechos” por parte de la administración kirchnerista de Bertone, por lo que exigen la “derogación inmediata de todas las leyes”. Los sindicatos recibieron el apoyo de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien viajó a Ushuaia junto a Elia Espen, y un grupo de dirigentes de organismos de derechos humanos y diputados de izquierda para acompañar el reclamo estatal.
La comitiva brindó una conferencia de prensa y luego participó de una movilización al edificio de Tribunales de la capital fueguina, donde pidieron ser tenidos como “amicus curiae” (amigos de la Corte) en la causa penal donde se investiga a manifestantes por los distintos incidentes ocurridos durante el conflicto, incluida la agresión al vicegobernador Juan Carlos Arcando a la salida de un acto.
Las Madres no fueron recibidas, a pesar de haberlo solicitado, por el juez Javier De Gamas Soler, a cargo de la investigación.
“Estamos aquí en apoyo a los trabajadores de Tierra del Fuego. No podemos retroceder 30 o 40 años”, sostuvo Cortiñas.
Las Madres también pidieron reunirse con Bertone, aunque fueron recibidas por el ministro jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, y por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Mingrino.
Delegados metalúrgicos de la empresa BGH se manifestaron en el Ministerio de Trabajo en Río Grande. Acusan a la firma de “no cumplir con los compromisos asumidos” para la incorporación de personal y de “persecución laboral”.
Trabajadores estatales y docentes realizaron el miércoles 8 una nueva jornada de paro en Santa Cruz y volvieron a cortar el tránsito en rutas para reclamar mejoras salariales.
La protesta se realizó en el marco de un paro de cinco días de los docentes de Adosac y estatales de ATE, así como de la huelga por tiempo indeterminado que llevan adelante los trabajadores viales.
En Caleta Olivia el corte lo realizaron docentes acompañados por trabajadores de la construcción, en el acceso sur sobre la ruta 3. En Río Gallegos, en tanto, trabajadores de los gremios Viales, ATE, obreros de la construcción de Sitraic y Adosac llevaron adelante cortes en el acceso norte de la ruta 3 y en la 53.
Los gremios de la Mesa de Unidad Sindical reclaman la conformación de una mesa de diálogo con la gobernadora kirchnerista Alicia Kirchner y un salario mínimo de 16.500 pesos, acorde al costo de la canasta familiar.

Cresta Roja: de símbolo de la reactivación a símbolo del conflicto social
El gremio de la industria de la carne anunció un paro, con cortes de ruta para el próximo martes, si no hay una solución para los 2.500 trabajadores que quedaron en la calle. Mientras, ocho operarios continúan encadenados en el ingreso del Ministerio de Economía.
“Vamos a permanecer todo lo que sea necesario hasta que alguien nos reciba y nos dé una solución. Levantamos un corte y venimos a este Ministerio porque nos prometieron que nos iban a escuchar”, afirmó el secretario general del Sindicato de la Industria de la Carne (SICGBA), Silvio Etchehun.
El sindicalista explicó que de los trabajadores pertenecientes al gremio de la carne “fueron reincorporados 487, de los cuales ya despidieron a tres y 200 de ellos son administrativos, y quedaron afuera otros 2.500 trabajadores”.
“Nosotros reclamamos que le entreguen a esos despedidos 2.500 garrafas y 2.500 bolsas de comida, y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, nos dijo que Pedro Inchauspe, el vicejefe de gabinete del Ministerio de Producción resolvería el problema, pero no nos quiso recibir”, explicó.
Recordemos que el presidente Mauricio Macri anunció desde la avícola Cresta Roja el veto de la ley antidespidos, hace tres semanas, en un acto en el que anunció la reactivación de la planta con la reincorporación de 1.300 empleados.
Los trabajadores de Cresta Roja, que estuvo en quiebra y volvió a faenar después de casi seis meses, realizaron también esta semana cortes de ruta frente al establecimiento, en la localidad bonaerense de Ezeiza, pidiendo la reincorporación de los despedidos.

Por los gremios
El jueves, más de 400 trabajadores químicos y petroquímicos se movilizaron al Ministerio de Trabajo de la Nación debido al retraso en los tiempos en que se viene desarrollando la paritaria nacional. La paritaria 2015 venció el 30 de abril de 2016 y en abril se realizaron los primeros Plenarios de Delegados en los que se resolvió pedir un aumento del 40 % al básico y una suma de fin de año de $10.000 teniendo en cuenta el aumento de precios de los últimos 6 meses y que los básicos de Convenio inicial están retrasados. Ante el pedido de aumento del 40 % la Cámara Patronal Química y Petroquímica ofreció 22 %, luego 26 % y por último planteó que no puede negociar más de 31 %.
Por este motivo en Plenario de Delegados decidió arrancar el 18 de mayo con medidas de fuerza de 2 horas por turno para ir avanzando hacia un paro nacional de 24 horas.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo declaró de manera exprés la Conciliación Obligatoria y la imposibilidad de realizar medidas de fuerza. Mientras tanto, se convocó a una nueva marcha al Ministerio el 15 de junio para la última audiencia antes del fin de la conciliación.
Trabajadores del gremio de la Alimentación reactivaron el plan de lucha por un salario mínimo de 15.000 pesos, tras rechazar la oferta del 30% escalonado que presentaron las cámaras empresarias en la negociación colectiva del sector.
Con respaldo de todas las filiales del país, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) movilizó este miércoles más de 6.000 trabajadores a la cámara empresarial en Capital Federal, para reclamar una mejora en el ofrecimiento salarial. El viernes desde las 0 horas comenzaron con paros de dos horas por turno y el próximo lunes 13 serán paros de cuatro horas por turno.
Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) comenzaron este viernes con un paro de 48 horas para enfrentar el proceso de privatización de distintos sectores dentro de los aeropuertos argentinos, según informaron.
A partir de esta medida impulsada por ATE, durante esa doble jornada se suspendieron gran cantidad de vuelos, garantizando únicamente los vuelos sanitarios. La medida tuvo vigencia en todos los aeropuertos del país.
El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, informó la falta de acuerdo de las negociaciones por el reclamo de un aumento salarial del 42 %.
Al fracasar la audiencia de conciliación con el sector empresario en la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Pablo Moyano ratificó el paro de 48 horas que comenzó a la 0 hora del jueves y afectó el abastecimiento de combustibles sobre todo en la jornada del viernes. Las patronales ofrecieron un 28 % de aumento en tres cuotas, que fue desestimado por el gremio que tiene previsto continuar con un paro nacional de camioneros de recolección de residuos y del servicio de transporte de caudales.
Una multitudinaria movilización de unos 3.000 trabajadores de Prensa de todo el país -la primera nacional de los últimos 45 años- recorrió el miércoles las calles del centro de Buenos Aires, desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo, como parte de la lucha contra los despidos, la precarización laboral y, en particular en Buenos Aires, contra el miserable acuerdo salarial que firmó la burocracia de la UTPBA -un sindicato vaciado que aún mantiene la personería gremial- y que, con un 27% por 13 meses, se ha convertido en el peor convenio salarial del país. Miles de taxistas y miembros de cámaras del sector concretaron el jueves una multitudinaria protesta en la avenida 9 de Julio contra el funcionamiento de la empresa Uber.
Poco antes del acto, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, advirtió que la actividad está “al borde del knock out” a causa de Uber y de la “recesión”, a la vez que estimó que disminuyó la actividad de su sector en un “40 % de los viajes”. Además, calculó en “más de 5.000” los vehículos involucrados en la protesta.
Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria del Autotaxi (CAMETAX), Horacio Pérez, aseguró que Uber “está matando” la actividad, por lo que los propietarios decidieron compartir la protesta que encabezaron los trabajadores del sector. Pérez reclamó al Gobierno que “de una vez por todas corte esta aplicación”, ya que “ha sido declarada ilegal y sigue operando” porque la administración porteña “no le puede encontrar la solución”, debido a que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) “dice que es un problema nacional”.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó el último día de mayo la oferta de aumento salarial del 29 % en tres cuotas retroactivas a enero y marzo, y la tercera en julio. La nueva propuesta incluye el compromiso del Ejecutivo provincial de reabrir la negociación en agosto con un pico inicial de 3,5 %.

Docentes santafesinos votan el 15 de junio
El próximo miércoles, docentes provinciales nucleados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), elegirán nuevas comisiones directivas en los distintos niveles. Alrededor de 40.000 maestros y maestras estarán habilitadas para sufragar en la provincia, de los cuales más de 10.000 son del Departamento Rosario.
El Frente Gremial 4 de Abril (que expresa los lineamientos de la conducción rosarina) y la Lista Trabajadores de la Educación (alineada con Sonia Alesso y la Comisión Directiva Provincial) disputarán este 15 de junio las elecciones en Amsafé.
Gustavo Terés, quien encabeza la lista por la reelección en la Comisión Directiva local desde el Frente 4 de Abril, consideró que “es el momento de poner en el debe y el haber lo hecho por cada uno de los modelos gremiales que están en pugna. El de Rosario ha sido un gremio ejemplar y paradigmático en el ejercicio de democracia sindical y participación, reconocido por muchísimas organizaciones sociales sindicales y políticas en ese sentido. Supimos mantener la autonomía e independencia de todos los gobiernos en todos los niveles, pudimos con vocación unitaria compartir con otros sindicatos de la CTA como ATE, Siprus y Coad y comisiones internas combativas, como los aceiteros, enfrentando cada una de las políticas de ajuste y hostiles a los trabajadores. A la vez hemos construido en esta ciudad un sindicato muy integrador de las comunidades educativas y defendimos la educación pública, laica y gratuita”.

Derecho de huelga
Matías Cremonte, Director del Equipo Jurídico de ATE Nacional, defensor de Francisco Daniel Orellano, el trabajador del Correo Argentino que en el año 2009 fue despedido e inició una demanda judicial que terminó en el Máximo Tribunal del país, sostuvo que: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, conformada por solo tres jueces, finalmente emitió su fallo sobre la titularidad del derecho de huelga. El caso Orellano fue una excusa para expresarse sobre el tema, tanto es así que ni siquiera resolvió la situación del trabajador, ni mencionó si se trató o no de un despido discriminatorio.
La Corte Suprema afirmó que la titularidad del derecho de huelga la ostentan los sindicatos reconocidos por el Estado con personería gremial o con simple inscripción. Está claro que el fallo excede el caso concreto, y sus derivaciones impactan en la clase trabajadora en su conjunto. Sin dudas se trata de una mala noticia y una grave restricción de un derecho fundamental.
Como expresaron desde la defensa de Orellano, en igual sentido que todos los Amicus Curiae -con excepción de la UIA-, los titulares del derecho de huelga son los trabajadores: derecho individual de ejercicio colectivo. Ello se deriva indudablemente de la letra y el espíritu del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de la mayoría de los tratados internacionales con rango constitucional que tratan el tema. Es absurdo requerir a un grupo de trabajadores que consiga un reconocimiento estatal para poder ir a la huelga, cuando el camino es generalmente inverso: primero hay huelga.
Sin embargo, la Corte adoptó una posición distinta, corporativa podría decirse, afirmando que se trata de un derecho que sólo se puede ejercer si la huelga es convocada por un sindicato reconocido por el Estado.
Sin dudas la intención de la Corte fue limitar los conflictos colectivos, so pena de ilegalizarlos y, por supuesto, la coerción que implica dejar a muchos trabajadores expuestos a persecuciones y a la amenaza del despido “justificado”.
Pero más allá del tremendo retroceso jurisprudencial, el fallo tal vez no altere tanto la realidad como se puede presuponer. En efecto, las huelgas se ganan o se pierden, y nunca importó si las convoca un sindicato o una comisión interna, o si es reflejo de la decisión de un colectivo de trabajadores no sindicalizado. La discusión legal surge cuando la huelga se pierde, y es por eso que es tan importante el fallo y sus interpretaciones. En ese sentido, un caso típico es el de la huelga convocada por una Comisión Interna opositora al sindicato.
La Corte es parte del Estado, de un poder político típicamente conservador, como ya lo había demostrado en los fallos de “contratados” del Estado, al negarles la estabilidad en el empleo, a pesar de ser un derecho constitucional. Y en el caso de la huelga especialmente, los límites surgen de la clase a la que pertenece, y a la que responde. En ese sentido, el fallo se inserta perfectamente en el actual contexto de ajuste y criminalización, al tiempo que implica un retroceso en materia de derecho social. No es casual que surja en tiempos de alta conflictividad social, cuando su incidencia es bien concreta.
De todos modos, los conflictos sociales se resuelven en base a su contundencia, y seguirá siendo así, sea que los convoque un sindicato o sean la expresión de una organización circunstancial. Las comisiones internas, los trabajadores en general, seguirán expresándose como lo hicieron siempre, y no dependerán del apoyo de un sindicato, sino exclusivamente de las relaciones de fuerza. Si un conflicto es mayoritario, cuenta con el apoyo de los trabajadores y se mantiene firme, se gana, y no hay jurisprudencia ni tribunal que lo detenga.

Fuente: Rebelión

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