Argentina: Toda una década de femicidios. Hubo 275 muertes por año. Es hora de gritar ¡Basta!

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El Observatorio Mumalá contabilizó 2749 femicidios entre 2010 y 2019, con un promedio de 275 muertes por año. El informe detalla que la mayoría de las víctimas no realizó denuncias previas, y por eso es necesario que el #NiUnaMenos sea política de Estado.

El femicidio, la forma más extrema de la violencia machista, es el asesinato cometido por un hombre contra una mujer por odio, desprecio, placer, o por considerarla como su propiedad. En Argentina, representa un grave problema social que encuentra su raíz en las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, presentes en la sociedad en gran parte por la ausencia del Estado.

A partir del registro realizado por el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos” (con información complementaria de La Casa del Encuentro), entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2019, se contabilizaron 2749 víctimas de femicidios (mujeres de manera directa; travesticidios; mujeres y niñas víctimas de femicidios vinculados), con un promedio de 275 muertes por año.

En 2009 se sancionó la ley 26.485 de violencia de género. En esta década, el presupuesto para la implementación de dicha ley no alcanzo un dígito del presupuesto nacional. “Esta problemática amerita firmes, consensuadas, accesibles y sistemáticas acciones del Estado con presupuestos acordes para su puesta en marcha. Hoy urge la implementación federal del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Machista”, explican desde Mumalá.

La ausencia del Estado se refleja en las cifras. En promedio, sólo el 17,5% de las víctimas (1 de cada 10) realizó una denuncia previa al femicidio. Esto preocupa, ya que expresa la desconfianza en el sistema para protegerlas. Sin embargo, hubo hechos que cambiaron la tendencia.

“Pudimos observar que las mujeres recurrieron en mayor porcentaje al Estado para la realización de las denuncias en 2015 (20%) y 2018 (21%), ambos años atravesados por las fuertes luchas del movimiento de mujeres e identidades disidentes (Ni Una Menos, Aborto Legal, Seguro y Gratuito) que se instalaron en el espacio público, político, en los medios de comunicación y otros escenarios”, relata el informe.

De acuerdo al registro, en 6 de cada 10 casos el femicida es la pareja o ex pareja de la víctima, y también en 6 de cada 10 casos el femicidio ocurrió en la vivienda de la víctima. “En el proyecto que presentamos en marzo de 2019, establecimos 14 puntos que entendemos que deberían configurar la situación de emergencia nacional por la violencia de género. Son medidas que apuntan a prevenir estas situaciones que derivan en femicidios, por ejemplo, alejar a la víctima de su agresor”, comentó Silvia Ferreyra, coordinadora de la mesa federal de Mumalá a Canal Abierto.

Y agregó: “Sabemos que la naturaleza de la violencia de género tiene que ver con que está fuertemente enraizada con prácticas culturales que hay que transformar en el mediano y largo plazo. Es por esto que se emplea la palabra femicidio, como un término político para denunciar esta naturalización de la violencia machista en la sociedad”.

En materia legislativa, el abordaje de esta problemática tuvo significativos avances. En 2009 y 2010 se promulgó y reglamentó la ley 26.845 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres. En 2012 se incorporó la figura de FEMICIDIO al Código Penal Argentino. Y en 2018 se promulgaron la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todos aquellos que integren los tres poderes del Estado, y la Ley Brisa, que instituye un Régimen de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes cuyas madres hayan sido víctimas de femicidio.

El programa nacional de Educación Sexual Integral (ESI) es un espacio más que habilitaría a un cambio de paradigma. “La ESI es una de las herramientas más valiosas y más completas que permite, no sólo a las nuevas generaciones sino también a toda la comunidad educativa, integrarse al conjunto de debates y elementos que deberían estar aplicándose en todas las instituciones educativas del país. Por su puesto entendemos que aún hoy, si esta ley estuviera en vigencia plena en todo el territorio –que no es así lamentablemente-, los resultados se verían a mediano plazo”, finalizó Ferreyra.

Fuente: Canal Abierto

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