ARGENTINA EXHIBE BUENOS AVANCES EN MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

por Emilio Marín

En comparación con Chile, Brasil, Uruguay y Perú, nuestro país tiene una buena nota en derechos humanos. Hubo y hay juicios por violaciones a esos derechos. De todos modos falta velocidad y abarcar otros derechos.

En Brasil el golpe de Estado fue en 1964 y todavía no hay ni juicio ni castigo a los uniformados que cometieron crímenes, por caso las desapariciones de los guerrilleros de Araguaia. Pasaron dos mandatos de Lula da Silvia y transcurre el primero de Dilma Rousseff, ex guerrillera, sin noticias positivas.

 

De Chile ni hablar. Largos años del pinochetismo dejaron un tendal de miles de muertos y desaparecidos, pero sus sucesores democristianos, socialistas y derechistas como Sebastián Piñera pactaron la protección del dictador. Los socialistas rescataron al ex dictador Augusto Pinochet cuando el juez Baltasar Garzón tenía pedida su extradición a Madrid.
En Uruguay se votó dos veces por la negativa a juzgar la represión de su dictadura cívica-militar de los 70. Sólo está preso un puñadito de militares por delitos aberrantes que no quedaron protegidos por la amnistía. Son excepciones que confirman la regla. El año pasado el Parlamento votó apretadamente iniciar un camino diferente, pero todavía no se ha convertido en hechos.
En Perú el golpista y corrupto Alberto Fujimori terminó en una cárcel VIP, donde cultiva bonsáis y aguarda un indulto. Entre tanto los militantes revolucionarios Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos están fondeados en la cárcel naval del Callao, en condiciones inhumanas. Fueron condenados por jueces «sin rostro» y las sentencias convalidadas por jueces de la democracia.

Sabe a gloria.
Comparado con ese panorama latinoamericano, lo de Argentina sabe a gloria. La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos, en la órbita de la Procuración General de la Nación, publicó su último informe en diciembre de 2011. Hay 267 represores condenados en los juicios orales y públicos.
Entre los condenados, aunque la dependencia no lo detalló, sobresale el general Luciano B. Menéndez, ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba y jurisdicción sobre diez provincias argentinas. Hasta la fecha acumula seis condenas a cadena perpetua: tres en Córdoba, dos en Tucumán y una en Salta. El límite es que el criminal goza de detención domiciliaria en su casa de calle Ilolay, barrio Bajo Palermo, en La Docta.
Menéndez tuvo la fortuna de que no fuera un cabecilla nazi porque habría sido condenado a muerte en Nuremberg. Y, sin pena máxima, habría quedado en la cárcel de Spandau como Rudolf Hess, uno de los nazis que estuvo allí hasta su muerte en 1987, a los 91 años. Esas eran perpetuas de verdad, con reclusión por tiempo indeterminado.
De todas maneras, con ese y otros límites, hay que subrayar las ventajas y bondades de la Memoria, Verdad y Justicia imperante en Argentina desde que se anularon las leyes de la impunidad en 2003. La movilización de los organismos y la población fue el motor del cambio. Los Kirchner ayudaron bastante aunque los derechos humanos no comenzaron con ellos, como creen.

Videla incorregible.

Un sector muy desviado de la izquierda, el Partido Comunista, sostuvo en 1976 que el general Jorge Rafael Videla era «democrático» y el general Roberto Viola era «nacionalista», pero los hechos lo refutaron totalmente.
En el pasado febrero, con el reportaje que concedió Videla a «Cambio 16″ de España, se puede advertir que aún hoy sigue siendo un dinosaurio vivo, mucho peor que esos sobre los que preguntaba la tilinga Susana Giménez. En la segunda parte de ese reportaje, el 5 de marzo, se lee a un Videla incorregible: «No hay tampoco movimientos de opinión sistemáticos contra este gobierno, todos viven bajo el temor del qué dirán, de que les dejen hacer, en definitiva. Todo es miedo y temor, y vivimos permanentemente bajo ese miedo. Y cuando una sociedad vive bajo el miedo no puede esperar que esté en un actitud de coraje para enfrentar un gobierno que de por sí no tiene reparos y no se detiene ante nada. Un gobierno arbitrario, con espíritu totalitario, y que no se detiene ante nada y ante nadie, que ha perdido la vergüenza».
En este mundo del revés el dictador aseguraba que no existe la república, coincidiendo en esa mentira con Elisa Carrió y otros opositores.

Más juicios.

Aunque parezca mentira, el jefe del golpe estuvo muchos años libre, luego de haber sido condenado a perpetua en el juicio a las Juntas. Tras el indulto menemista de 1990, recién volvió a prisión en 1998 pero al cabo de poco tiempo lo beneficiaron con la prisión domiciliaria con el argumento de que se había excedido el lapso de la prisión preventiva. Tuvo que mediar la causa por plan sistemático de apropiación de bebés para que el tirano fuera a una cárcel de Campo de Mayo, donde está cómodo. Hasta puede conceder reportajes muy extensos como el de «Cambio 16″.
Lo bueno es que la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento publicó que en 2012 van a comenzar varios juicios orales y públicos más.
Entre ellos ya se iniciaron en Córdoba el juicio a tres policías del Comando Radioeléctrico por el crimen de tres jóvenes de la JUP; en Paraná contra el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone; y en Posadas, por crímenes cometidos en tres centros clandestinos de detención que funcionaron en Misiones.

Faltan los civiles.
Los tribunales orales han sido bastante prolíficos en sus condenas contra militares y policías retirados como Echecolatz, Bussi, los 16 de la causa ESMA, los militares Gamen y Pascarelli en la causa El Vesubio, etc. En cambio han brillado por su ausencia en Tribunales los civiles cómplices del terrorismo de Estado, en particular los grandes empresarios a los que hace referencia el afiche de Abuelas de Plaza de Mayo (ver aparte). A propósito, esta noble entidad halló a fines del año pasado a la nieta número 105, Laura Reinhold Siver, y sigue buscando a los 400 chicos apropiados que restan.
La responsabilidad de los civiles está clarísima con casos como José A. Martínez de Hoz y el ex ministro de gobierno bonaerense James Smart, cómplice del circuito de centros clandestinos de exterminio del coronel Ramón Camps.
Estos dos personajes están procesados y se les ha dictado prisión preventiva, confirmada ante sus apelaciones, pero con el beneficio de prisión domiciliaria.
Recién en mayo de 2010 José Alfredo Martínez de Hoz vio ratificada su detención en esas cómodas condiciones del Edificio Kavanagh de Retiro, pese a que fue presidente de Acindar y el ex ministro de Economía que destruyó las fuerzas productivas, la industria nacional y el empleo. Lo defendió un editorial de «La Nación» (6/5/2010): «Más allá de las controversias que suscite la figura del ex ministro del Proceso, el hecho pone en crisis la seguridad jurídica».
Smart fue mencionado en un juicio que acaba de terminar con condena a militares y civiles de Olavarría, en la causa Carlos Moreno. Era un abogado laboralista que defendía a trabajadores de Loma Negra, de la que fue dueña hasta pocos años Amalia de Fortabat, donde los obreros enfermaban y morían antes de lograr su jubilación.
Luego de dictarse la sentencia, el hijo del laboralista asesinado reclamaba: «Se abre una investigación sobre la complicidad y responsabilidad de Loma Negra que son los reales ideólogos del asesinato de mi padre, a quienes mi padre molestaba defendiendo a sus trabajadores exigiendo mejoras de condiciones de trabajo. Ahora vamos por eso».
Este es el punto: continuar juzgando a ex policías y militares, pero hay que sentar en el banquillo a los dueños de monopolios que antes y ahora fijan las reglas de juego de la economía y de la política económica.

Más casos.
Carlos María Blaquier sigue siendo el mandamás del Ingenio Ledesma, que en 1976 produjo junto con el Ejército un apagón en Pueblo Libertador San Martín. En la oscuridad, con camiones y listas de personas provistas por el ingenio, las fuerzas de seguridad secuestraron a centenares de personas varias de las cuales permanecen desaparecidas.
El Ingenio fue co-responsable a fines del año pasado de la represión policial del gobernador justicialista Barrionuevo contra centenares de personas que acampaban procurando un pedazo de tierra donde vivir. Cuatro personas fueron asesinadas, con lo que los Blaquier engrosaron su triste estadística.
Pero en vez de ser demandadas por la justicia, esas familias oligárquicas tienen subsidios estatales para sus emprendimientos de biodiesel, con visitas de los ministros Julio De Vido y Débora Giorgi.
Lo mismo puede decirse de Ford y Renault, que entregaron sus listas de operarios para el secuestro y desaparición. Hoy, en vez de responder ante la justicia por ello, reciben 500 millones de pesos de ayuda estatal como lo puntualizó Cristina Fernández en el acto de Renault, el 2/11/2010.
En síntesis: en DD HH hay muchas buenas notas y algunos aplazos, como esas limitaciones políticas y la mal parida «ley antiterrorista».

Fuente: La Arena

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