Argentina: En Corrientes la Comunidad Guaraní Yahavere denuncia apropiación de sus tierras.

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Personal de la Hacienda San Eugenio, de los empresarios Eduardo y Juan Macchiavelo,  (Eduardo es CEO de la corporación ROEMMERS, los laboratorios más poderosos del país), acompañados por la policía, cercaron con postes y alambrados las tierras de la comunidad Yahavere en Concepción, Corrientes.

La comunidad Yahavere logró el 19 de septiembre de 2019, luego de más de 15 años de lucha, que el Estado reconociera lo que ancestralmente les corresponde: el título comunitario de sus tierras. Con esto, la comunidad se convirtió en la primera en ser reconocida en la provincia de Corrientes. Desde allí surge esta denuncia, que compartimos a continuación.

Paraje Yahavere. Concepción. Corrientes. La Federación Campesina Guaraní de Corrientes denuncia que en el día de ayer se ha avanzado en paraje Yahavere, departamento de Concepción, con la colocación de postes y alambrados en forma ilegal sobre tierras fiscales en posesión de la comunidad indígena Yahavere por parte de la Hacienda San Eugenio, propiedad de Eduardo Macchiavello.

Lo que en su momento parecía ser un conflicto resuelto, al haberse reconocido la posesión y los derechos de la comunidad respecto a tierras en manos de la empresa mencionada, hoy estalla en un nuevo problema, en pleno contexto de pandemia global y aprovechando el periodo de sequía, consecuencia de la misma ambición que ha guiado siempre a los dueños de la firma.

Poniendo como argumento que pretenden delimitar la frontera entre la comunidad y sus tierras, Hacienda San Eugenio avanza con alambrados desde un punto cercano a la casa de los pobladores hasta otro que se encuentra del otro extremo, también en tierras fiscales del Parque Provincial Iberá, encierran y dividen hogares, lomadas, caminos, incluso se ha cerrado acceso a lagunas de uso cotidiano por parte de la comunidad como fuente de agua o puerto, en pocas palabras se están robando tierras que son de todos los correntinos.

«Sufrir un nuevo atropello es inentendible, llevamos años buscando únicamente que nos dejen tranquilos, está a la vista que no queremos enriquecernos ni evitar la circulación o el acceso a nadie por estas tierras, pero no podemos decir lo mismo de Macchiavello y sus empleados» declara Miriam Sotelo, miembro de la comunidad y del concejo de participación indígena como representante del pueblo guaraní de Corrientes.

«Decir que la comunidad firmo un acuerdo no es excusa para venir a encerrarnos, en esa mediación no se habló de tierras públicas, no participo el estado provincial, es ilógico creer que después de diez años de lucha acordemos de nuevo estar alambrados como animales, es una falta de respeto» señala Sotelo.

Los trabajos de alambrado comenzaron hace unos días con el acarreo de postes y la ida y venida de trabajadores, pero además se ha sumado presencia policial custodiando el trabajo lo que es todavía más grave, ya que demuestra complicidad del Estado en validar los actos de la empresa de ser necesario por la fuerza.

“Los alambradores llegaron custodiados por la policía, como si nosotros fuésemos delincuentes por tratar de impedir que nos alambren las lomas o acceso a los puertos, por tratar de que se respete nuestro derecho de posesión» fueron las palabras de Rodolfo Leiva, poblador del paraje en donde vive con su familia.

«Se buscó que la justicia interceda a favor de la comunidad, pero hasta ahora no hubo respuestas que sean suficientes, parece que el que tiene más plata puede hacer lo que quiere y el que tiene que pelear siempre en desventaja es el poblador» comenta Rodolfo.

Desde la Federación Campesina Guaraní de Corrientes, nos declaramos en ESTADO DE ALERTA y denunciamos públicamente estos hechos, exigimos el cese inmediato de las acciones ilegales, ya que se tratan de tierras fiscales en zona de reserva, por ley no pueden ser suscritas a ningún privado, y, al contrario, desde el 2013 que la comunidad ha demostrado y ha sido reconocida por el estado nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) su posesión ancestral y los derechos que le asisten.

No se va a retroceder ni relegar ningún metro más de tierra, no se va a permitir ni un solo derecho vulnerado, sea a través de la justicia actuando en consecuencia o a partir de la lucha organizada por la que se ha sostenido que después de tantos atropellos existan todavía comunidades originarias conservando su cultura y relación armoniosa con el territorio, siendo los guardianes de los bienes comunes que son de toda la sociedad correntina.

¡Los alambrados van a caer!

¡Ninguna familia campesina indígena más, vulnerada en sus derechos!

Contactos. Miriam Sotelo: 3782 414422/. Cristian Piriz: 3794 598172.

Fuente: APL

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