Agroquímicos: el secretario de DD.HH. espera un fallo que determine responsables

Martín Fresneda manifestó que “es necesario que la Justicia determine el nivel de responsabilidad” de los acusados por contaminar con agroquímicos, una zona de Córdoba. Expectativa frente a los tribunales.

“Es importante que la Justicia determine el nivel de responsabilidad en función de los hechos que se acusaron y los daños cometidos”, manifestó el funcionario nacional, quien participa como público en la sala de audiencias en Tribunales II de la ciudad de Córdoba, donde hoy se espera el fallo de este proceso de enjuiciamiento que comenzó el pasado 11 de junio.

Fresneda, en declaraciones a la prensa, dijo que “lo que resuelva la Justicia es muy importante”, pero que también es necesario la “discusión y el debate social” de estos temas, más allá de las sanciones que se puedan aplicar a quienes afecten la salud pública.

También consideró que “los agroquímicos pueden utilizarse siempre y cuando se respetan las dimensiones y los lugares en donde conviven la sociedad, la comunidad”, al tiempo que añadió que “siempre hay que mejorar las condiciones normativas para regular la actividad en función de estos nuevos tiempos, en función de la vida agropecuaria e industrial y de la comunidad”.

El secretario de Derechos Humanos agregó que “no es necesario que en algunos casos se fumigue vía aérea, sino que se utilice otro tipo de metodologías que no afecten la salud de la sociedad”.

El tribunal de la Cámara del Crimen de Córdoba dictará a las 14 la sentencia en este caso que tiene como imputados a dos productores agropecuarios, Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, y al piloto fumigador Edgardo Jorge Pancello.

Los acusados están sindicados de contaminar con agroquímicos, mediante fumigaciones clandestinas en sembradíos de soja, zonas cercanas al barrio capitalino de Ituzaingó Anexo y alrededores.

En los alegatos, el fiscal Marcelo Corbalán pidió cuatro años para Parra y tres años para Poncello, en ambos casos como autores responsables de contaminación ambiental.

Para Gabrielli, en tanto, solicitó la absolución, al considerar que no existen pruebas determinantes para sostener la acusación.

En forma subsidiaria y para el caso de que el tribunal impusiera penas de prisión pero de ejecución condicional, el fiscal solicitó que a los dos acusados se le imponga que, durante cuatro años, presten funciones gratuitas, de lunes a viernes, en un dispensario público o en el Hospital Oncológico.

Según la causa elevada a juicio, Gabrielli y Parra son los dueños de los campos de soja y habían contratado a Pancello para fumigar los sembradíos con glifosato y endosulfan, agroquímicos que son consideradas sustancias peligrosas para la vida humana.

Los tres imputados, quienes permanecen en libertad, están acusados de violar el artículo 58 de la Ley de Agroquímicos 9164, que prohíbe las fumigaciones, y por infringir el artículo 55 de la ley 24051, que pena el delito de contaminación ambiental.

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