ACTUAR PARA POTENCIAR LA FORMALIZACIÓN LABORAL

Por Hernán Aruj

Cuando se observan algunas de las principales críticas por parte de algunos medios hacia la situación económica argentina, el argumento del “peligroso” déficit fiscal que obliga al Banco Central a emitir pesos y así potencia la inflación es uno de los más repetidos.

Los fundamentos de la teoría que sustenta este diagnóstico, la monetarista, supone que ya existe plena ocupación de los factores de la producción y mercados competitivos. Si nos detenemos en el caso de Argentina, saltan a la vista las diferencias.

 

 

En primer lugar, porque claramente no existe una plena ocupación en el mercado laboral o en el uso de la capacidad industrial, y ciertos mercados productores de bienes presentan rasgos oligopólicos. Un ejemplo de esto último es el sector alimentario.
En segundo lugar, si nos detenemos en la historia del país, el déficit fiscal (medido como resultado financiero) se presentó mayor al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) desde el año 1996 al 2002. En esos años, que se caracterizaron por un leve crecimiento primero y una recesión de cinco años que terminó en el estallido económico-social de 2001, por el contrario primó la deflación, y el déficit se sostuvo a pesar de contar con los ingresos de las privatizaciones.
Si observamos la cuantía del déficit, y tomando el año 2013, encontramos que mientras el déficit argentino fue del 2,4%, el de España alcanzó el 6,6% y el de Estados Unidos el 7,3%. En el caso argentino, calculado luego de pagar intereses de la deuda, se alcanzó un 4%, cercano al 3,8% de México y al 3,2% de Brasil.
Respecto al contenido del déficit, observamos que diferentes subsidios a la clase media, como los energéticos, se están reduciendo en 2014. Pero, al contrario que Brasil, los últimos diez años mostraron una reducción de la deuda argentina, mientras que en el vecino país ésta ha alcanzado el 66% del PBI. Una importante parte de los gastos se deben al Mundial de Fútbol que se desarrollará allí, lo que generó masivas protestas.
Los que no cuestionaron el déficit de la década de los noventa, atado al endeudamiento externo, hoy promueven recortes sobre programas para cuidar la “sostenibilidad” del gasto. Al mismo tiempo, proyectan cifras catastróficas sobre el crecimiento económico.
En las perspectivas externas para el país, se destaca el crecimiento del 2,8% estimado para Estados Unidos, que usualmente estimula un 0,6% al resto del mundo por cada punto porcentual que crece. Con una cosecha récord de soja en Argentina, tal como se espera, y precios que se encuentran en un buen nivel, podría esperarse una mejora de los índices actuales hacia la segunda mitad del año.
La pregunta es si esa mejoría será apropiada por el sector agrícola o se distribuirá a toda la sociedad. Precisamente, ciertas acciones de política pública como el programa PROGR.ES.AR para jóvenes sin empleo y que no pueden acceder al estudio, y el anuncio del programa de regularización laboral para pymes, muestran el rumbo elegido.
El proyecto de Ley de promoción de trabajo registrado y prevención del fraude, busca facilitar el registro formal de los trabajadores y reducir el empleo no registrado del 34,5% actual al 28%. Las medidas tendrían un costo primario de 4.150 millones de pesos en beneficios a los empleadores, el 65% de esos beneficios con destino a microempresas; estas últimas representan el 50% del total de los empleadores formales.
Las empresas que contraten nuevos trabajadores tendrán una reducción en las contribuciones patronales total durante el primer año, y en el segundo, del 25% si tienen hasta 15 empleados y del 50% las que posean entre 16 y 80 operarios. Para las compañías de más de 80 trabajadores, el beneficio será de una reducción del 75% para los primeros 24 meses de relación laboral. En todos los casos, los beneficios no podrán afectar los aportes a la seguridad social.
Al mismo tiempo, se creará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado, así como las sanciones laborales que aplique la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
Las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se incluirán en el registro y se les aplicarán restricciones que pueden incluir desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.
Los impactos externos positivos pueden encapsularse en unos pocos beneficiados si el Estado no actúa, o pueden usarse para capacitar, regularizar y potenciar a los sectores más débiles de la producción. Está claro el rumbo que ha adoptado el actual gobierno, como así también el proyecto de país que promueven quienes lo rechazan.

Por Hernán Aruj | Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)

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