ABORTO: UNA DEUDA QUE SE MANTIENE PENDIENTE

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Por Mariana Carbajal
Es el proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los legisladores que apoyan la iniciativa forman parte de un amplio arco político que incluye cuatro nombres del PRO. Mañana será presentada en un acto en el Congreso.
Cinco adolescentes de entre 15 y 19 años y 19 jóvenes de 20 a 29 años murieron como consecuencia de un aborto clandestino en 2014 en el país, según las últimas cifras oficiales, publicadas en diciembre, por el Ministerio de Salud de la Nación. Son muertes evitables. Injustas. Probablemente porque no tuvieron el dinero suficiente para pagar un aborto seguro, clandestino pero seguro. Para que ninguna mujer arriesgue su vida cuando decide interrumpir un embarazo que no quiere continuar, se presentará nuevamente en la Cámara de Diputados el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la firma de más de una treintena de legisladoras y legisladores de un amplio arco político, entre ellos, cuatro del PRO. La propuesta consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación –como en España– y más allá de ese plazo en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, o si existieran malformaciones fetales graves.
La firma que encabeza el proyecto es de la diputada Victoria Donda, titular del bloque de Libres del Sur. En total son 34 los y las diputadas (FpV, UCR, LdS, PS, PRO, UNA, FIT, entre otros bloques) que acompañan la propuesta. Varios de los firmantes son presidentes de bancadas: Héctor Recalde (FpV), Margarita Stolbizer (GEN), Myriam Bregman (PTS-FI), Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria), Alicia Ciciliani (PS), Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Alcira Argumedo (Proyecto Sur). Del PRO, lo acompañan Juan Carlos Villalonga, Samanta Acerenza, Marcelo Wechsler y Sergio Wisky. Además, cuenta con el aval de unas 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas de todo el país. “Esta iniciativa impulsa la legalización del aborto en nuestro país, en consonancia con el pleno ejercicio del derecho a la salud de las mujeres, cumple con pactos, convenciones y organizaciones internacionales de derechos humanos”, destacó a este diario Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las ong que forman parte de la Campaña. La iniciativa plantea entre sus fundamentos que la despenalización y legalización de la IVE es una cuestión de derechos humanos, justicia social y salud pública.
En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, recuerda el proyecto. En 2014, murieron como consecuencia de un aborto inseguro 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012, según las estadísticas oficiales. La criminalización del aborto no solo causa muertes: también mete presa a mujeres que sufrieron un aborto espontáneo. Como Belén, la joven que fue condenada en Tucumán a 8 años de prisión por el delito de “homicidio calificado por el vínculo”.
El proyecto se presentará mañana a las 16 en conferencia de prensa, en la Sala 2 del Anexo de Diputados. “En los nueve años transcurridos desde la primera presentación del proyecto de ley IVE, se ha logrado avanzar en la despenalización social del aborto y la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del fallo de fecha 13/03/2012, (caso ‘FAL s/medida autosatisfactiva’) ha aclarado los alcances de los abortos legales establecidos en el art. 86 del Código Penal”, se destaca en los fundamentos de la iniciativa.
La propuesta legislativa establece que si la IVE debe practicarse a una adolescente, entre los 13 y 16 años de edad, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Si es menor de 13 años, “se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. En todos los casos, serán “de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído”, dice el proyecto.
Fija, además, que en ningún caso se exigirá autorización judicial y los procedimientos de IVE deberán ser cubiertos integralmente por prepagas y obras sociales –e incorporadas como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus afiliadas o beneficiarias– y realizarse en el sistema de salud, dentro de los cinco días de solicitados.
El texto no es idéntico al que se venía presentando desde 2007, cada vez que perdía estado parlamentario: fue actualizado a la luz de las reformas del Código Civil y Comercial y la Ley de Identidad de Género, entre otras normas, a través de consultas a profesionales de distintas disciplinas y activistas, en foros de discusión realizados en diferentes ciudades a lo largo de 2015. Las conclusiones de esos foros participativos fueron reunidas y consideradas por una comisión redactora que elaboró un nuevo proyecto de ley que fue aprobado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en su reunión Plenaria, que tuvo lugar en Paraná el 5 y 6 de marzo pasados.
La comisión redactora estuvo integrada por reconocidas juristas, médicas y militantes del movimiento feminista: Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Soledad Deza, Silvia Augsburger, Mabel Gabarra, Stella Maris Manzano, Nina Brugo, Alicia Cacopardo, Mónica Menini, Silvia Juliá, Carolina Comaleras y Cristina Zurutuza. Uno de los cambios es que contempla a las personas trans con capacidad de gestar. Amplía de 12 a 14 semanas el plazo para garantizar el derecho a la IVE, en línea con legislaciones de países europeos como España. El artículo primero define: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”.
El artículo 9 se refiere a la IVE en casos de personas con “capacidad restringida”. Dice que “si la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley podrá prestar su consentimiento informado requiriendo si lo deseare la asistencia del sistema de apoyos previsto en el artículos 32 Código Civil y Comercial de la Nación. Si se tratare de una persona declarada incapaz judicialmente deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o a falta o ausencia de este, la de un allegado en los términos art. 59 Código Civil y Comercial de la Nación”.
“Vemos que el impacto negativo de la interrupción del embarazo bajo condiciones no seguras es significativo en Argentina, dado que de manera constante un tercio de las muertes maternas son atribuibles a complicaciones por aborto”, se destaca en los fundamentos.
Hasta ahora, los sucesivos proyectos que se fueron presentando de IVE desde 2007 no llegaron a tratarse en el recinto. Tímidamente se discutieron en alguna comisión y varias veces en audiencia públicas, pero no tuvieron el respaldo político necesario para su aprobación. El tema logra apoyos transversalmente en los diferentes bloques, donde con excepción de los bloques de izquierda y del Partido Socialista, no consigue apoyos unánimes en otras fuerzas. Entre los firmantes, figuran también, entre otros, Carolina Gaillard (FpV), presidenta de la comisión de Salud; Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria), Carla Carrizo (UCR), Soledad Sosa (FIT), Cecilia Moreau (Federal Unidos por una Nueva Argentina) y Carlos Heller (Solidario SI).

Fuente: Página|12

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