A 100 DÍAS DE GOBIERNO MACRISTA CRECE LA RESISTENCIA SINDICAL

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Por Mario Hernández
El día jueves la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un plenario de toda la conducción nacional con los 24 Secretarios Generales y, por unanimidad, se decidió dar continuidad al plan de lucha que venían desarrollando, que ya tuvo como jalones fundamentales el 29 de diciembre y el 24 de febrero. El día miércoles 16 de marzo habrá un nuevo hito con una jornada nacional de lucha, con paros y movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país.
Mientras la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) anunciaba el paro, el Ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile accedió a recibir a los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar que se encuentran acampando hace días contra los despidos. Al respecto, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE, manifestó: “La situación es grave porque a los 16 trabajadores despedidos que hay en Jujuy, tres de los cuales son delegados de ATE, se agrega la comunicación de las autoridades de la Secretaría que a partir del 31 de marzo se darán de baja todos los contratos, que son 1.300. Son todos trabajadores precarizados, y son todos los trabajadores del organismo. Por lo tanto, esto implica el cierre. O sea, que tenemos un triple problema: despiden trabajadores, destruyen un organismo central del Estado creado para atender la problemática de los campesinos pobres en nuestro país y persiguen sindicalmente al gremio que los representa, violando flagrantemente la ley. No vamos a permitir esto, por eso estamos en estado de movilización permanente. El Ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile nos atenderá el lunes a las 11:00, y de acuerdo a lo que pase en esa reunión la asamblea decidirá qué pasos vamos a seguir”.
Ana Laura Lastra, delegada de la Junta Interna de ATE-INDEC manifestó que “el paro del 24 de febrero fue una enorme muestra de que los trabajadores están dispuestos a luchar. Fue la manifestación de los estatales de todo el país más contundente en años. El miedo comenzó a disiparse y se está superando el amedrentamiento del macrismo y la traición de la directiva de UPCN. Pero entre el 24F y el nuevo paro convocado para este miércoles la conducción de ATE le dio aire al gobierno, que inició una nueva ola de despidos”.
Luana Simioni, delegada de la Junta Interna de ATE-IOMA (Provincia de Buenos Aires) confirmó este clima: “En todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires hubo resistencia a los despidos y procesos asamblearios como no se veían hacía mucho tiempo. Es que para muchos los despidos son el límite de tolerancia. Y hubo una respuesta muy buena de compañeras y compañeros de planta permanente respaldando a los precarios, sobre todo en los lugares en los que ATE se puso al frente y mucho más en donde dirige la oposición a la conducción. El ejemplo del Ministerio de Desarrollo Social es uno de los más emblemáticos, con once días de lucha hasta conseguir todas las reincorporaciones. Allí quedó una organización muy fuerte que ahora está denunciando el vaciamiento del Ministerio y lucha por el salario. Y hubo respuestas similares en muchas otras dependencias”.
Ambas participaron del Plenario abierto de la Marrón Clasista en el Hotel Bauen, al que concurrieron más de 150 activistas y delegados estatales para preparar el paro del miércoles.
También este lunes desde ATE Capital convocaron a un plenario de delegados, pero lamentablemente con la convocatoria al paro ya resuelta y con solo dos días de anticipación. Este plenario debería ser abierto a todos los activistas y despedidos, para poder organizar el paro, los cortes de calle y piquetes para que el mismo sea activo y contundente como el 24F, más aún teniendo en cuenta que el 31 marzo es una fecha clave para los estatales porque vencen muchos convenios con Universidades y parte de la revisión de contratos que el macrismo estableció por decreto.
Así lo reclamó una asamblea general de trabajadores convocada por la Junta Interna de ATE Trabajo que votó continuar con las medidas de lucha y la exigencia de un plenario de delegados abierto a la conducción de ATE.
Las directivas de ATE, sumidas en sus internas, convocan paros aislados sin continuidad y sin ningún plan serio. Por eso debemos exigirles un plan de lucha nacional y unificado, que surja desde las bases, e imponer que periódicamente se reúnan las asambleas y los plenarios de delegados de base con mandato abierto a todos los activistas, afiliados o no, y en especial los despedidos. Ni las directivas degenaristas ni las kirchneristas pueden volver a dividirnos por sus intereses mezquinos. Debemos imponer la más amplia unidad para la lucha, reorganizando al sindicato desde abajo hacia arriba. Este es el reclamo de toda la oposición clasista.
El próximo miércoles, también realizarán una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones los gremios de la salud de todo el país enrolados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), gremio que representa a más de 30.000 médicos, profesionales y trabajadores de la salud a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. La medida fue convocada por el Secretariado Nacional de la Federación.
FESPROSA exige: salario de ingreso igual a la canasta familiar profesional; 40 % de aumento como piso; paritarias libres; convocatoria a una paritaria nacional de salud; fin de la precarización laboral y los despidos indiscriminados; 82 % móvil a los jubilados del sector; derogación del impuesto al salario; plena libertad sindical; no a la criminalización de la protesta social y derogación de la Ley antiterrorista.
Con la presencia de 73 congresales de 21 asociaciones de base, el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica votó un Plan de Lucha Nacional con paros de 48 horas, en reclamo de la apertura inmediata de la negociación paritaria por un 45% de aumento salarial.
El Congreso se llevó a cabo el jueves 10 en la Ciudad de Buenos Aires. El plan de lucha nacional se llevará a cabo en dos tramos. El primero será un paro de 48 horas para los días 16 y 17 de marzo; el segundo paro será el 29 y 30 del mismo mes con la instalación de una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación.
Los estatales de Tierra del Fuego llevan ya 13 días de paro y jornadas de lucha para protestar por el aumento de edad de jubilación, la pérdida del 82% móvil y las rebajas salariales.
La Asamblea General resolvió por unanimidad ratificar el paro. Luego, por amplia mayoría determinó que el lunes haya en Ushuaia cortes parciales de calles con panfleteada en diferentes puntos de la ciudad de 9 a 12 horas para luego movilizar desde los cortes hacia el Superior Tribunal de Justicia. También se determinó que a las 20:00 se realice una Asamblea General informativa y resolutiva y luego marcha de antorchas.
En tanto que en Río Grande una multitudinaria Asamblea General definió concentrar el lunes a las 11:00 en San Martín y Belgrano para marchar a Canal 13, al hospital y finalizar en San Martín y 9 de julio.
El miércoles pasado, 15.000 docentes santiagueños coparon la calle por reclamo salarial y contra la represión sufrida la semana pasada. El de Santiago del Estero es uno de los salarios docentes más bajos del país: el básico es de $2.900. La movilización despertó una enorme simpatía popular, el apoyo al reclamo docente contra la miseria e impunidad del gobierno provincial es creciente.
Romina del Plá, Secretaria General del Suteba-La Matanza, quien fue oradora en el acto de cierre de la jornada, destacó que “la lucha de los docentes santiagueños es un faro para el conjunto de la docencia del país, en repudio al miserable acuerdo paritario entre el gobierno nacional y la burocracia sindical de todos los colores. Exigimos a todas las centrales sindicales un paro nacional docente y una gran marcha nacional educativa, en solidaridad con los docentes santiagueños y para unificar los reclamos de la docencia de todo el país”.
En la asamblea realizada a la tarde Cisadems ratificó la medida de paro por tiempo indeterminado hasta lograr el aumento y blanqueo salarial.
En el marco de este conflicto, el lunes pasado un encapuchado apuñaló por la espalda al docente Franco Maldonado mientras esperaba a sus compañeros para ir a trabajar.
Franco Maldonado, profesor de Lengua y Literatura en las escuelas rurales de El Rodeo y Ancajan en Choya, fue uno de los oradores principales de la marcha docente en Santiago del Estero en la que la policía reprimió con balas de goma la semana pasada.
El jueves se llevaron adelante las jornadas unificadas devenidas en asambleas en todas las seccionales de Aten para votar cómo continuar el plan de lucha de los trabajadores de la educación neuquinos, que ya lleva dos semanas de medidas contra el techo salarial del 25% que quiere imponer el gobernador Gutiérrez.
El viernes se llevó a cabo en la ciudad de Zapala el plenario de Secretarios Generales que con el aval de más de 4.000 asambleístas resolvió por unanimidad el RECHAZO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO PROVINCIAL y paro de 72 horas para los días 15, 16 y 17 de marzo y Plenario el día 18.
La sorpresa en esta asamblea fue la reubicación de la conducción provincial que venía de plantear la semana pasada aceptar la miserable propuesta del gobierno y el viernes planteó el rechazo y continuar con las 72 horas de paro.
Lamentablemente la conducción de ATE, a pesar de que varios sectores como salud venían rechazando la oferta y la base estatal se aprestaba a dar pelea contra el techo salarial y en defensa del ISSN (obra social de la provincia) firmó el martes pasado el acuerdo con el gobierno cerrando la posibilidad de la unificación de las/os trabajadores/as estatales contra la política de ajuste del MPN.
En Córdoba sesionó el lunes de la semana pasada la asamblea provincial de UEPC, en la cual debía expresarse la voluntad de los docentes de los 26 departamentos de la provincia. A pesar de que la conducción de Monserrat hizo propaganda a favor de la aceptación de la propuesta del gobierno, era tan poco lo que se ofrecía que la abrumadora mayoría de los docentes rechazó la oferta y votó parar por 48 horas. Inmediatamente el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria.
La primera visita oficial del presidente Mauricio Macri a Rosario se formalizó el lunes al mediodía. Desde las 8:30 distintos gremios y organizaciones convocaron a movilizarse en repudio a las políticas del gobierno nacional. El epicentro fue la plaza San Martín, frente a la Facultad de Derecho, que desde el domingo estaba vallada hasta la mitad. Macri, invitado por el decano de esa casa de estudios, abrirá el ciclo lectivo.
Los trabajadores despedidos del plan Conectar Igualdad realizaron una movilización frente al Ministerio de Educación reclamando su reincorporación y la normal continuidad del programa, que desde diciembre se encuentra paralizado.
Durante la protesta se produjeron incidentes a raíz de la intervención de la Policía Federal, quien impidió la salida de los trabajadores del Ministerio que quisieron apoyar el reclamo de los despedidos.
Con el programa paralizado y el año lectivo en curso, hay 5,5 millones de alumnos que se encuentran sin asistencia técnica y pedagógica. Además, son 20.000 las escuelas que no cuentan con los contenidos que se generaban desde el plan Conectar Igualdad.

Paritarias
Pese a los esfuerzos del gobierno, la mayoría de los acuerdos salariales que se cerraron en estos días ignoraron la pauta oficial de 25% para todo el año. En el mejor de los casos, la vigencia de los arreglos es semestral y dejan abierta la posibilidad de negociar un porcentaje mayor en la segunda mitad del año si no se cumplen los pronósticos gubernamentales de inflación.
Hasta el momento, solo la paritaria de los empleados de Comercio se acercó a las pretensiones de la Casa Rosada: se pactó una mejora salarial de 20% hasta fin de agosto, más el pago de una suma fija de $ 2.000 en dos cuotas.
El sindicato de mecánicos de Smata, pionero en la implementación de acuerdos cortos, ratificó esa metodología la última semana y pactó con las terminales automotrices un incremento de 11% para el período abril-junio que sumado a la suba fijada durante el primer trimestre acumula una mejora salarial de 19% para los primeros 6 meses del año.
En los próximos días, la recomposición semestral se replicará en los convenios del personal de concesionarias y talleres.
Los trabajadores no docentes de las universidades y colegios privados llegaron a un acuerdo por un 31% de aumento para todo el año. Se instrumentaría en dos tramos: un 25% desde marzo y otro 6% a pagar en agosto o setiembre. Esta paritaria incluye a 15.000 trabajadores de las universidades privadas.
En La Bancaria acordaron pagos a cuenta para los tres primeros meses de este año, y la negociación se postergó hasta abril, pero con una base de 32,7% anual de suba para el básico de convenio. De todos modos, el secretario general Sergio Palazzo declaró que “a las paritarias las discutimos en la medida en que nos reincorporen a los trabajadores”, haciendo referencia a 47 cesanteados del BCRA, que motivó una dura represión a la manifestación de bancarios que intentó llegar al Congreso el 1º de marzo, durante la inauguración de las sesiones legislativas. Además, reclamaban por garantías para los 2.000 puestos de trabajo del Citibank que se va de la Argentina, paritarias libres y por el tratamiento del Impuesto a las Ganancias. Al respecto, Palazzo criticó la modificación porque incorporará 20.000 bancarios al pago del impuesto.
También el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) reclamó una urgente reunión con el presidente Mauricio Macri, para reclamarle la derogación del impuesto a las ganancias a los salarios, al tiempo que advirtió que realizará medidas de fuerza en abril próximo si su demanda no es satisfecha. También cuestionaron los despidos.
Sobre el particular, el Gobierno tuvo un revés en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo porque no logró obtener un dictamen a favor del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Mauricio Macri subió el mínimo no imponible de ganancias.
El Frente para la Victoria obtuvo la mayoría en la comisión, Cambiemos quedó en minoría cuando el diputado Raúl Pérez, del Frente Renovador, anunció que no iba a firmar el despacho del oficialismo ni tampoco acompañaría la posición del Frente para la Victoria y pidió que la próxima semana se discuta un proyecto para modificar las escalas del gravamen.
La UTA acordó en diciembre un pago a cuenta de la negociación que arrancará en abril, con la pretensión de discutir cada seis meses y una cláusula gatillo para quedar a cubierto de la inflación.
En la provincia de Buenos Aires, a la aceptación realizada por UPCN el viernes pasado, se le sumó la de Fregeppba (Federación de Gremios Estatales), aunque uno de los sindicatos de la Federación, Soeme (Minoridad y Educación), la rechazó y pidió en la Justicia de La Plata una medida cautelar para que se dicte la nulidad de la última paritaria estatal y se reabra una discusión salarial en la Provincia basada en la real representación de cada organización sindical.
Precisamente, porteras y cocineras de comedores escolares fueron reprimidas en el Día de la Mujer Trabajadora con balas de gomas mientras se manifestaban junto a trabajadores y afiliados al Soeme en una retención de tareas con protesta pacífica frente a la Dirección de Escuelas.
No obstante, la gobernadora Vidal obtiene la mayoría que necesitaba para intentar dar por cerradas las paritarias de los empleados públicos, con un aumento del 15% en dos tramos y con vigencia hasta el 30/06.
El salario inicial de los trabajadores del Estado bonaerense era de $7.300 en diciembre, con esta propuesta llegaría a $8.300, la mitad del costo de la canasta básica calculada por los trabajadores del INDEC en $ 16.437,24.
Desde ATE también se rechazó la oferta, calificándola de miserable, frente al aumento del costo de vida y se exigió una mejora sustancial de la propuesta. El rechazo fue activo, con un paro provincial de actividades y con movilización al Ministerio de Economía el miércoles 9.
ATE anunció la continuidad de las medidas con un paro de 48 horas para los días 16 y 17 de marzo, con movilización a la Gobernación bonaerense.
Amsafe finalmente aceptó la oferta de mejora salarial del gobierno provincial santafesino de entre el 32 y el 35 %, por lo que los maestros desactivaron todas las medidas de fuerza y habrá clases normalmente.
Si bien Rosario había anticipado su negativa a la oferta, finalmente los docentes de toda la provincia resolvieron cerrar las negociaciones con el voto positivo de 21.167 afiliados contra 13.039 que se inclinaron por el “no”. Ningún maestro santafesino cobraría menos de 12.052 pesos a partir de julio.
A esto se añade una suma fija a cobrar con la remuneración de febrero de $ 1.700 para las categorías más bajas, $ 1.300 para las más altas de los maestros de grado y $ 1.900 para los directores. En todos los casos, los porcentajes y cifras también se trasladan a los jubilados.
Además quedó establecido que la paritaria queda abierta, es decir, que a partir de julio las partes se podrían sentar a discutir nuevamente en caso de que la coyuntura así lo exija.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Hoffman, confirmó el acuerdo de paritarias con el gobierno provincial santafesino.
También el plenario de delegados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta salarial que recibió en el marco de la negociación paritaria provincial. Lo hizo en una votación que se llevó a cabo en la sede del Club Atlético Unión, de la que participaron 1.800 representantes de toda la provincia.
Después de un nuevo cuarto intermedio, el martes 8 por la tarde la paritaria de los profesionales de la salud obtuvo la propuesta que bajará a las bases para su consideración.
La misma consiste en un aumento en dos tramos (marzo y julio) que llevan el salario del profesional ingresante a $ 14.066 (hoy $ 11.307) en marzo y $ 15.361 en julio. Esto se logra aumentando el básico en un 18,5% en marzo y llegando al 26,5 % en julio, y el grado de escalafón pasa del 6 al 7 %, más una suma no remunerativa (un 4, 5%). La escala de aumento desciende con la antigüedad, estando en un promedio de 31%. Asimismo, se agrega una asignación por única vez por el mes de febrero de $ 1.500 proporcional a la carga horaria y por cargo.
El Congreso Provincial de Delegados, después de evaluar y considerar la propuesta salarial, decidió poner a votación el aceptar o rechazar la misma, votando a partir del miércoles, hasta el día domingo inclusive, por mail, urnas y planillas en cada lugar de trabajo.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los trabajadores municipales, pese a lo cual desde el gremio ratificaron el paro de 48 horas, previsto para miércoles y jueves de la semana pasada, sin asistencia a los lugares de trabajo.
El SiPreBa reclama la participación plena en las paritarias de prensa. Se lamentan que el Ministerio de Trabajo, encabezado por Jorge Triaca , sentó en la mesa de negociaciones a una organización ajena a lxs trabajadorxs y sin ninguna representatividad ni presencia en las redacciones como la UTPBA.

Los despidos en cifras
Trabajadores de Menoyo exigen la reincorporación de 21 despedidos. Denunciaron además que tras el dictado de la conciliación obligatoria por parte de la cartera laboral bonaerense se habían presentado en la fábrica de Munro (provincia de Buenos Aires) el martes 8 de marzo por la mañana y que fueron picaneados por un matón que responde a las órdenes de los dueños de la empresa.
Desde una de las empresas más importantes del país, Techint, continúa la ola de despidos. Paolo Rocca, el líder del grupo empresario, echó en la última semana a casi 1.000 trabajadores.
Se supo que Siderar, la mayor siderúrgica del país y parte del Grupo Techint, llegó a un acuerdo con ocho empresas contratistas para que despidan aproximadamente a mil trabajadores. Según trascendió, en Ramallo los despidos llegarían a 700, mientras que en Campana casi 300 personas de las empresas metalúrgicas Loginter y Camau, contratistas del grupo Techint, también sufrieron las cesantías.
Paralelamente, Rocca aprovechó la falta de controles del macrismo para subir los precios de Siderar, por lo que las industrias locales a las que les provee materia prima están exigiendo que baje sus precios. Mientras tanto, los despidos también golpean a las compañías que dependen de las materia primas de Techint. En “Ruca Panel”, una empresa dedicada a las construcciones modulares, desafectaron a 90 personas y la constructora Eleprint habría despedido a otros 400 trabajadores.
La Central Nuclear Atucha, ubicada la localidad de Lima, confirmó los despidos de unos 600 trabajadores entre jerárquicos, técnicos y administrativos, que cumplían funciones en las obras de ampliación. Las cesantías serán consustanciadas a finales de mes y el mayor impacto lo sufrirán los empleados de la construcción, representados por UOCRA y UECARA.
La empresa Ar-Zinc reiteró su postura de no reactivar la planta de fabricación de lingotes de zinc y ácido sulfúrico. Lo hizo a través de un comunicado en el que informó que “el 4 de marzo se dieron por concluidas las actuaciones del procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. La empresa comunicó a la autoridad laboral la suscripción de 243 acuerdos de retiros voluntarios (88 % del personal)” y “ejecutará el plan de cierre ambiental de acuerdo con la legislación argentina vigente”.
Pese a ello, municipios de la región, la provincia y gremios aúnan esfuerzos e insisten en la reapertura y recuperación de las fuentes laborales y es probable que, de no haber novedades en los próximos días, la CGT-San Lorenzo convoque a un nuevo paro general en el cordón industrial, esta vez por 48 horas.
Los trabajadores despedidos de la aceitera que la firma Ricedal Alimentos tiene en Chabás (Santa Fe) siguen acampando ante la planta ubicada a la vera de la ruta 33 en señal de protesta y para exigir su reincorporación y la reapertura de la industria. Lo único que surgió como novedad es que la firma depositó los salarios de febrero.
También las empresas que procesan girasol sufren una crisis por falta de materia prima, que podría agravarse si ese cultivo se exporta como grano y se procesa fuera del país. La industria aceitera que muele girasol, históricamente tenía un “diferencial arancelario” que penalizaba la venta de las semillas y promovía su industrialización dentro del país. El tributo llegaba al 30% y quedó en 0%. Cuando se eliminaron las retenciones los permisos de exportación que eran de unas 2.700 toneladas anuales en los últimos 5 años, en los últimos dos meses alcanzaron nada menos que 57.398 toneladas. Un documento advierte que ya dejaron de operar varias plantas.
En tanto los operarios de la empresa de implementos agrícolas Alcal, de Firmat, continúan de paro en reclamo del pago de haberes atrasados al fracasar una audiencia donde los trabajadores rechazaron la oferta realizada por la patronal por considerarla “insuficiente”.
Unos 500 compañeros y compañeras de los edificios de Alem, Alsina, Callao y delegados/as de dependencias del conurbano realizaron el miércoles un masivo ABRAZO al Ministerio de Trabajo, en la puerta de Alem 650, para exigir la reinstalación de los 30 trabajadores/as despedidos y reclamar enérgicamente a las autoridades que no se produzca ni un despido más en el organismo, atendiendo especialmente a la incertidumbre y preocupación que genera el vencimiento el 31 de marzo de más de 1.000 contratos Artículo 9 y PNUD.
El lunes pasado la empresa Roux-Ocefa S.A. suspendió e impuso vacaciones adelantadas a trabajadores del sector mayoritario del laboratorio. El sector Soluciones fue cerrado por una semana por falta de insumos. Esta situación se da en medio de una supuesta crisis que está atravesando la empresa.
El recorte de personal que activó el Gobierno en la administración pública avanza casi en forma paralela en el sector privado. Desde el 1° de diciembre hasta el viernes pasado se registraron 68.563 despidos en todo el país, de los cuales 37.627 se produjeron en el ámbito estatal y 30.936 en el privado. Así surge de un detallado relevamiento que elaboró el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que encabeza Pablo Micheli.
En el sector privado, en tanto, se ampliaron las suspensiones, que golpean, sobre todo, a las industrias petrolera, automotriz, textil, autopartista y a la siderurgia. El secretario general de la UOM , Antonio Caló, denunció que unos 3.000 trabajadores del sector fueron despedidos y otros 4.000 están suspendidos, advirtió que el número podría elevarse “si no se producen cambios en la importación de artículos extranjeros que afectan la producción nacional” y adelantó que el Consejo Directivo aprobó la convocatoria a una marcha en defensa de la fuentes de trabajo.
La patronal de Acindar anunció para su planta de Villa Constitución un plan de suspensiones, acatado por la Directiva y la Comisión Interna de la UOM, aplicable a cualquier sector de la fábrica hasta marzo del 2017, que serán remuneradas al 85 % del sueldo neto hasta marzo y al 75 % desde junio.
El sector más perjudicado por las bajas fue el de la construcción. La conducción nacional de la Uocra denunció la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo. No obstante, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Juan Chediack, admitió que el sector está “pasando una transición muy complicada, que preveíamos”, y afirmó que la cifra de despidos es equivalente al “50 % de los puestos que se han perdido en el país” en los últimos tres meses. Además, la utilización de cemento para la construcción registra una baja del 20%.
La situación afecta particularmente al sector de vivienda, ya que la gran mayoría de las empresas son pymes y no pueden subsistir si no cobran lo que se les adeuda, afirmó el referente de la Cámara.
Hasta septiembre, el ritmo de ejecución de viviendas era de entre $ 2.000 y $ 2.500 millones por mes y las firmas venían cobrando lo que se construía con cierta regularidad. A partir de octubre, los pagos comenzaron a ralentizarse. Según datos de la CAC, en octubre se certificó ese mismo monto y el Gobierno sólo pagó $ 1.200 millones. En noviembre, las empresas recibieron $ 800 millones y en diciembre, cero. Entre enero y febrero, el monto girado fue de $ 1.500 millones.
Ello generó una deuda que, en vivienda, asciende a unos $ 4.000 millones, y que si se extiende a la totalidad de las obras alcanzaría los $ 20.000 millones. De todos modos, la Cámara estimó que si a ello se le suma la deuda por redeterminación de precios e intereses impagos, ese pasivo debe alcanzar los $ 40.000 millones, que equivale al 23% del presupuesto total dispuesto para obra pública en 2015 ($ 170.000 millones). Incluso, ese es el número que difundió la CAC en un encuentro que mantuvo con directivos de Uocra.
Volviendo a las cifras más generales, el informe de la CTA difiere del que divulgó la consultora Tendencias Económicas, que precisó 107.000 despidos en lo que va de 2016, lo cual muestra un fuerte contraste con los despidos registrados en el mismo período del año anterior, cuando 1.432 personas se quedaron sin trabajo. En concreto, la cifra de cesantías se multiplicó en más de 70 veces.
La cifra total se desglosa en 41.920 despidos producidos en enero y 65.799 personas que perdieron su trabajo entre enero y febrero, con preponderancia en el sector privado.
En menor medida pero también de forma alarmante, se multiplicaron en febrero las suspensiones de personal por la caída en la producción, llegando a 14.340, lo que representa 12,5 veces de las registradas en febrero de 2015.
Mientras, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió que hay en el país un “pico de desempleo”, con “entre 85.000 y 90.000” empleados que perdieron su fuente laboral en los sectores público y privado, por lo que anunció que presentará en el Congreso un proyecto legislativo para prohibir despidos sin causa por un año.
Luego de un extenso conflicto que pasó por una Conciliación Obligatoria, posteriormente extendida, y por una Conciliación Voluntaria, también estirada en un par de ocasiones, Radio Rivadavia reincorporó a los seis trabajadores despedidos en la última semana de enero, tras una medida de fuerza por incumplimiento en el pago de los salarios y violaciones a los convenios colectivos.
Se realizó una nueva radio abierta frente a Radio América en Amenábar 23. Como principales invitados estuvieron esta vez los periodistas María O’Donell y Reynaldo Sietecase. Fue en el marco de las transmisiones especiales que vienen realizando los trabajadores.
La Comisión Interna de Prensa del SiPreBA en Radio Del Plata repudió enérgicamente el acta firmada por los gremios AATraC, SAL y SUTEP que estuvieron presentes en la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo llevada a cabo el 8 de marzo y sin consulta alguna con las bases. Dicho documento avala el pago en tres cuotas del sueldo del mes de febrero.

Fuente: Rebelión

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