Las FARC exigen cumplimiento oportuno de la amnistía

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El segundo campanazo de alerta en lo relativo a las tardanzas y niveles de incumplimiento oficial con la implementación del Acuerdo de Paz Gobierno-FARC, lo constituye la marcada lentitud en la aplicación de la Ley 1820 de amnistía. El primero lo configuró la demora, aún al presente, de la terminación de las instalaciones de las zonas de concentración guerrillera.
Con justeza las FARC han protestado, la ONU le ha llamado la atención al gobierno y al Estado colombianos y el Gobierno Nacional se ha comprometido públicamente con disponerse al cumplimiento y conseguir que igualmente se haga desde el aparato judicial en las acciones correspondientes.
De nuevo, se nota falta de previsión y de medidas suficientes y adecuadas, pues es de recordar que ASONAL JUDICIAL desde finales del 2016 discutía públicamente sobre carencia de jueces, recursos y congestión en los despachos, como situación que hacía previsible lo ocurrido.
Denuncia y protesta de las FARC ante lenta aplicación de la amnistía.
Las FARC han denunciado que se registra incumplimiento de la aplicación de la ley de amnistía y de la concesión oportuna de los indultos convenidos por parte del gobierno, hecho al que se agrega la muerte de seis de sus integrantes acogidos al pacto de paz y de nueve de sus familiares, en un hecho que constituye una grave amenaza y trasgresión a las condiciones de seguridad pactadas.
Es diciente que en el último hecho sucedido en Ituango, Antioquia, fue asesinado Juan Fernando Amaya, integrante del Frente 18, beneficiario de indulto, excarcelado, quien había solicitado estudio de riesgo ante las amenazas y el riesgo existente, denunciado también por la Asociación Campesina de Ituango, sin la necesaria respuesta oficial.
Por el contrario, el alcalde del municipio, Hernán Álvarez, a pesar de este grave hecho, declaró que “no existe persecución contra miembros de las FARC” sino que se trata de “hechos aislados”.
Desde finales de 2016 las FARC envió un listado de 3.400 guerrilleros en prisión, la cual correspondía verificar y certificar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, al finalizar el mes de junio de ellos solo el 30% había recibido solución jurídica, de ellos 285 amnistía de jure –otorgada de hecho- por no estar implicados sino en delitos políticos, mientras que de otros implicados ante la justicia por otros delitos 269 tenían libertad condicional tras haber cumplido cinco años de condena y 284 con cumplimiento de menos de cinco años de condena trasladados a las zonas veredales, en espera de presentarse ante la Jurisdicción Especial de Paz.
En efecto, el gobierno no había logrado conseguir la revisión de antecedentes del 70% de los prisioneros de las FARC aún en cárceles y penitenciarías. En consecuencia, 1.437 ex combatientes de las FARC prisioneros se mantenían en huelga de hambre, de ellos como expresión de esta protesta 44 se cosieron la boca y se sumó el dirigente e integrante de la CSIVI Jesús Santrich.
El vocero de los prisioneros Rolando Acevedo declaró que “las certificaciones las sacan “gota a gota”. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz se defendía declarando que es un trabajo “que ha demorado pero que no hemos parado”, mientras que el Ministerio de Justicia y del Derecho afirmaba que “los primeros meses la implementación de la ley fue muy lenta, pero las cifras han mejorado”[1].
Balance de la Secretaría Ejecutiva de la JEP
El 7 de julio pasado la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz entregó un balance de su gestión que igualmente ilustra sobre el nivel de los avances reales logrados en lo referido a las actas expedidas a favor de miembros de la Fuerza Pública y de las FARC para ser beneficiados con la revisión de sus procesos en esta jurisdicción. Con relación a la Fuerza Pública de un total de 1.775 integrantes para quienes se define esta figura se han suscrito actas para 1.378. En tanto que de las FARC de 3.098 considerados, se han suscrito 2.625.
Detalla además en su informe que de la Fuerza Pública con estas gestiones de la JEP 187 de sus miembros se han beneficiado con la libertad condicional y 17 con el traslado a unidades militares. En tanto que de las FARC se registran 399 con amnistía de jure, 583 de sus integrantes con libertad condicional y 266 trasladados a zonas veredales transitorias de normalización[2].
Llamado de atención de la ONU al Gobierno y al Estado colombianos
Es de recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 10 de julio aprobó por unanimidad -mediante la Resolución 2366- la conformación de la segunda misión política de verificación al acuerdo de paz Gobierno-FARC en Colombia, la cual acompañará la reincorporación de los excombatientes a la vida civil en las distintas regiones del país.
Este organismo y todos sus integrantes calificaron de exitoso el proceso de paz en Colombia y validaron el trabajo de su anterior misión, referida al cese bilateral y definitivo de las hostilidades y la dejación de las armas por parte de la insurgencia. Así la ONU con propuesta de su Secretario General Antonio Guterrez presentará el respectivo plan de esta nueva misión y su financiación ante el mismo Consejo de Seguridad.
No obstante, el delegado de Japón y otros, señalaron la necesidad de que se brinden las necesarias garantías a los excombatientes, a sus familias y a la población de las regiones, en alusión a los ataques y homicidios sucedidos recientemente en ellas.
Precisamente, con relación a la demora en el otorgamiento de las amnistías, la Misión de la ONU que acompaña en la actualidad el proceso de paz en Colombia, mediante comunicado público el pasado 13 de julio hizo un “llamado urgente” a las instituciones oficiales, gubernamentales y estatales, para que “actúen con responsabilidad y celeridad”.
Puso de presente, que pasado un semestre de aprobada la Ley 1820 de amnistía y surtido el proceso de dejación individual de las armas por los integrantes de las FARC, la mayoría de los prisioneros de ésta insurgencia no han recibido el beneficio judicial pactado, lo cual calificó como un hecho que “socaba el proceso de reincorporación y consolidación de la paz”. Y agregó que a ello se suma la inseguridad para los miembros de las FARC por fuera de las zonas y puntos veredades de concentración, sujetos a amenazas y homicidios. Compromiso asumido públicamente por el gobierno
Dadas estas circunstancias el Gobierno Nacional asumió públicamente el compromiso de agilizar sus procedimientos y coordinar en lo respectivo para el logro de la celeridad en igual sentido de los entes judiciales, en particular de la actuación de los jueces y fiscales responsables. Incluso comprometió la fecha pronta del próximo 1 de agosto para la salida de todas las personas prisioneras de las FARC, con las correspondientes soluciones, bien de otorgamiento de amnistía o de compromiso de tratamiento en la JEP.
Al respecto se conoció la declaración a los medios de prensa del Alto Consejero para el Posconflicto e integrante de la CSIVI, por el gobierno nacional, Rafael Pardo: “La situación de los guerrilleros detenidos en las cárceles tiene que estar resuelta a más tardar el último día de julio. Así que el 1 de agosto debe estar resuelta la situación de todos los hombres de las FARC en términos judiciales. Unos recibirán amnistías y otros tendrán la suspensión de las órdenes de detención hasta que empiece a funcionar la JEP“[3].
Álvaro Villarraga Sarmiento: Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, integrante de la Fundación Cultura Democrática, catedrático.
Alvaro Sarmiento
Fuente: ALAI

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